25 años después, el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sigue en la impunidad

El reloj marcaba las 10:20 de la mañana, de aquel 2 de noviembre de 1995, cuando dos personas aún sin identificar, se acercaron al carro del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, y lo impactaron en más de una ocasión con arma de fuego.

El dirigente político, escritor y periodista, que previo a su muerte visitó la universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases de historia política y constitucional de Colombia, llegó con vida a la Clínica Country, sin embargo, por la gravedad de las heridas, perdió la vida. En el hecho también falleció su escolta, José del Cristo Huertas.

Sobre la muerte del dirigente político se tejieron todo tipo de hipótesis. En la Fiscalía, por ejemplo, reposan más de tres conjeturas que permitirían vislumbrar que más de una persona estuvo detrás de ese crimen, no obstante, una carta de las extintas Farc que menciona que se adjudica el ataque, cambió todo el panorama, y ahora, hasta la Jurisdicción Especial para la Paz se está moviendo con el tema
.
En diciembre de 2017, la Fiscalía anunció que el crimen de Gómez Hurtado era declarado como delito de lesa humanidad, es decir, así sigan pasando los años, las autoridades judiciales no cesarán con la investigación .

En la Fiscalía

En ese entonces, la hipótesis de la Fiscalía daba cuenta que Gómez Hurtado falleció por órdenes estrictas de los carteles del narcotráfico que, en esa época, eran visibles y tenían azotado no solo el orden público en el país, sino también las rentas económicas producto de ese delito.

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Así las cosas, un fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado del político fue uno de los asesinatos que se cometió por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la ley que operaba en 1995, y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición.

Otra hipótesis que tiene la Fiscalía es que a través de una fuente humana existe información sobre que, posiblemente, uniformados de la Brigada XX del Ejército participaron en el magnicidio de Gómez Hurtado.

La Fiscalía también tiene información de que Herney de Jesús Guzmán, director de la Asociación de Víctimas y Desplazados por la Violencia Guerrillera en Colombia, incorporada a la Red de Solidaridad Social de la Presidencia, pudo estar inmerso en el crimen. En este caso vuelven a mencionar a la Brigada XX, de la cual reposa en la información de la fuente, Guzmán era informante y conseguía contactos para que dieran información.

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Pese a todas las líneas de investigación, la Fiscalía también tiene un reporte que da cuenta que el crimen fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con “agentes del Estado”.

Lo que sí es cierto es que en este momento se mueven bajo otra hipótesis que no tenían contemplada y es que los posibles responsables pudieron ser las extintas Farc. Esta hipótesis la empezó a manejar la Fiscalía este año, cuando se cumplen 25 años del deceso del líder conservador, y tras el proceso de paz con las Farc, quienes decidieron confesar que habían sido los responsables del crimen. Por estas revelaciones, el ente acusador llamó a rendir versión libre a los exjefes del grupo guerrillero Julián Gallo y Rodrigo Londoño.

Los excombatientes de las Farc confesaron el crimen ante la JEP, a través de una misiva enviada a la entonces presidenta, Patricia Linares.

De ahí que, a través de un auto emitido el pasado 13 de octubre, se citara a rendir versión a Gallo y Londoño, no obstante, dicha diligencia permanece paralizada por un recurso que presentaron ante el tribunal de paz y hasta tanto no sea resuelto no se puede avanzar con la diligencia.

Otra salida en este caso vincula al excombatiente ‘Jesús Santrich’, quien reapareció asegurando que el ‘Mono Jojoy’ no tuvo relación con el magnicidio de Gómez Hurtado, y que las órdenes de ejecutar a algún dirigente se tomaban en “conferencia”, y se acordó tenerlo en secreto de manera colectiva.

En este caso, la JEP tendrá la labor de esclarecer si lo que dicen los exguerrilleros tiene asidero y de ser así que se impongan las medidas.