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EJÉRCITO NACIONAL

Congresistas y empresarios condenan retención de soldados por indígenas en el Cauca

Los senadores Gabriel Velasco y Cristian Garcés manifestaron su voz de rechazo contra este hecho. Empresarios del Cauca piden al Gobierno Nacional que garantice la protección de sus derechos y combata de manera eficiente la impunidad frente a las invasiones a las propiedades privadas.

3 de mayo de 2020 Por: Redacción de El País
Los uniformados permanecerán retenidos hasta que una comisión humanitaria haga presencia en el lugar. | Foto: Especial para El País

En lo que califican como una alteración del orden y la violación de la ley, congresistas y empresarios rechazan lo acontecido el viernes 1 de mayo, cuando miembros de comunidades indígenas del norte del Cauca retuvieron a 31 soldados por cerca de 5 horas.

Gabriel Velasco, senador por el partido Centro Democrático, escribió en Twitter que acompaña la "denuncia de nuestro Ejército Nacional, quien ha sido víctima de los actos violentos de los indígenas del Cauca, quienes han alterado el orden y violan la ley. No les basta quemar casas, cultivos, invadir y poner en riesgo a la comunidad; ahora secuestran militares".

Así mismo, el parlamentario acompañó su mensaje con un video en el que el brigadier general Marco Vinicio Mayorga, comandante del Comando Específico del Cauca, levanta su voz de protesta por las agresiones que los indígenas de los resguardos de Caloto y Corinto han dirigido a miembros del Ejército.

En las imágenes también se ve al coronel Óscar del Cristo Díaz, comandante del Comando Operativo Apolo, explicar lo que aconteció el pasado viernes en la hacienda Canaima.

"Nos llaman y nos informan que se está presentando un hurto de unas reses en esta hacienda. Las tropas que se encontraban cerca se aproximan al sitio, son hostigadas por el GAO Residual, responden con fuego dentro del Derecho Internacional Humanitario. Posterior a esto, los indígenas del cabildo Huellas rodean a la tropa, los dirigen hasta la hacienda Emperatriz, que es contigua a esta hacienda Canaima y los secuestran. Tuvimos, por más de 5 horas, un pelotón secuestrado por los indígenas", manifestó el uniformado.

Gracias a una mediación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría regional y un senador que se encontraba en la región, se produjo la liberación de los militares.

Es preciso mencionar que, de acuerdo con las comunidades indígenas, la retención se produjo como respuesta a una supuesta agresión por parte de los uniformados en contra de mujeres indígenas que cuidaban unas reses mientras pastoreaban.

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"Hacemos claridad en que respetamos los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario. Actuamos bajo los parámetros de la ley que así nos lo exige, porque las tropas están perfectamente entrenadas y capacitadas para atender cualquier situación, tanto en Derecho Internacional Humanitario como en Derechos Humanos", agregó el coronel Díaz.

Sobre el hecho, el senador Cristian Garcés pidió al a dirigencia del Valle del Cauca priorizar la situación en los departamentos de Cauca y Nariño, "donde el narcotráfico y fuerzas desestabilizadoras buscan tomarse el suroccidente".

"Defendemos propiedad privada y vida de cultivadores que día a día trabajan para salir adelante", expresó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca manifestó su respaldo a la Fuerza Pública e hizo un llamado al Gobierno Nacional y Departamental, así como a las entidades públicas competentes, para que garanticen la protección de los derechos a la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.

"Acciones ilegales como esta por parte de algunas comunidades han sido recurrentes, con una clara afectación a predios agrícolas, pertenecientes a una industria que genera cerca de 48.000 empleos directos y que contribuye al ingreso y bienestar para la sociedad", se lee en un comunicado de la organización.

De otra parte la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, SAG, rechazó los ataques que sistemáticamente sufren los predios agrícolas de la región e instó a las autoridades a "combatir de manera eficiente la impunidad frente a todos los delitos que se cometen en las invasiones a las propiedades privadas".

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