Corte Constitucional tumbó norma sobre registro de propiedad inmueble incluida en ley de presupuesto

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 129 de la Ley 2159 del 2021 (Ley de Presupuesto 2022), que establecía como un servicio público esencial el registro de la propiedad inmueble en procesos catastrales con enfoque multipropósito y los programas de vivienda rural.

Según una demanda presentada ante el alto tribunal, el artículo 129 iba en contra del principio de unidad de materia, frente a lo dispuesto en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política. En ese sentido, la demandante alegó que la norma no estaba relacionada con la ejecución del presupuesto ni estaba vigente, a pesar de que seguía teniendo efectos legales.

Tras el estudio de la demanda, el alto tribunal aclaró que el artículo demandado no tenía relación alguna con el objetivo central de la ley, por lo que lo declaró inexequible.

El magistrado Jorge Ibáñez Najar destacó que la competencia de la Corte Constitucional para estudiar este caso “se justifica en la necesidad de garantizar que ninguna ley eluda el control de constitucionalidad amparada precisamente en la confusión que puede generar incorporar una norma con vocación de permanencia en una ley de vigencia anual”.

La decisión se tomó por considerar que esta norma vulneraba la unidad de materia, pues incluía disposiciones que no guardaban relación con la ejecución del presupuesto correspondiente al año fiscal 2022. Esto, teniendo en cuenta que el objetivo central de la ley era el presupuesto de ingresos y recursos de capital para el mencionado año.

Por esa razón, según el alto tribunal, la disposición cuestionada generaba un desajuste en la formulación y coherencia de la ley. Asimismo, evidenció que la norma sigue produciendo efectos jurídicos, de manera que se desconoció el carácter temporal de la ley anual de presupuesto.

Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional recordó la necesidad de que las leyes sean formuladas con precisión y de acuerdo con lo establecido en los procedimientos constitucionales.

Y de ese modo, el alto tribunal también sienta un precedente para evitar que próximas leyes de presupuesto sean utilizadas para incluir cambios legales importantes que no están directamente relacionados con la ley.

Cabe destacar que el artículo 129 de la Ley 2159 de 2021 establecía que el registro de la propiedad inmueble sería un servicio público esencial gestionado por el Estado, por lo que buscaba apoyar los procesos catastrales y los programas de vivienda rural.