Elecciones 2023: ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no se suspenderán en ninguna parte, pese a amenazas de grupos armados

La Defensoría del Pueblo ha reiterado la falta de garantías para la realización de las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre próximo. Esta advertencia ha sido respaldada por alcaldes y gobernadores, quienes han urgido la toma de medidas por parte del Gobierno nacional.

De acuerdo con la Defensoría, 399 municipios en el país presentan un nivel de riesgo extremo y alto en relación con posibles incidentes violentos que puedan afectar el proceso electoral. Estos hallazgos han sido revelados en la Alerta Temprana 030 del año 2023, que detalla el mapa de riesgos y los factores generadores de violencia. Sin embargo, la administración del presidente Gustavo Petro sostiene que se han establecido todas las garantías de seguridad necesarias para la celebración de las elecciones.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció al respecto el día jueves, enfatizando: “Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ninguna parte de Colombia”.

En medio de este contexto, se llevó a cabo otra sesión de la Comisión de Garantías Electorales, donde participan todas las instituciones del Estado. Durante esta reunión se examinó minuciosamente la implementación de los planes destinados a fortalecer la seguridad de las elecciones de octubre. No obstante, es relevante destacar que este encuentro estuvo marcado por el aumento de la inseguridad en el país y la creciente actividad delictiva.

Las ciudades con riesgo extremo identificadas son Arauca, en el departamento de Arauca; Florencia, en Caquetá; Quibdó, en Chocó; Neiva, en Huila; Cúcuta, en Norte de Santander; y Bogotá, en cuatro de sus localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

El equipo de la Defensoría del Pueblo también ha identificado que 286 municipios se encuentran en riesgo alto, 184 en riesgo moderado y 93 en riesgo bajo, lo que, sumado a los municipios en riesgo extremo, totaliza 676 municipios que han sido alertados en 2023. Esto representa un incremento del 39 % en el número de municipios en riesgo en comparación con las elecciones regionales de octubre de 2019, es decir, 274 municipios adicionales.

El seguimiento realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, circulación o intervención de grupos armados ilegales como una fuente de amenaza para las comunidades y el proceso electoral.

Entre los grupos más relevantes se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las Farc y diversas organizaciones del crimen organizado. Todos estos grupos han ampliado su presencia en un 56 % en diferentes regiones del país y han diversificado sus fuentes de financiamiento ilegal.

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el defensor del Pueblo.

Esta solicitud se basa en lo expuesto en la Alerta Temprana Electoral, cuyo propósito es que el Estado establezca una presencia institucional sólida en todo el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y agilice la ejecución de los planes de acción de políticas públicas destinadas a la prevención y protección.

El 29 de octubre de 2023, los ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el período 2024-2027.

Un total de 20.137 cargos públicos serán objeto de elección, incluyendo 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales, 112 alcaldes y 12,072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá. Además, se elegirán 6,513 ediles que compondrán las juntas administradoras locales (JAL).