Escándalo de maltrato animal en Cali repercutió en EE.UU.: ¿llega el fin de la experimentación en animales?

Por Santiago Cruz Hoyos - editor de crónicas

Sucedió el pasado 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia. El representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada Vargas, presentó un proyecto de ley que busca regular la experimentación científica en animales y limitar la financiación, con recursos públicos, de algunos de estos experimentos.

Un día antes había ocurrido lo mismo en Estados Unidos. Fue presentado un proyecto de ley bipartidista que, en caso de aprobarse, prohibirá a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) financiar experimentos en animales en laboratorios fuera de los EE. UU.

El proyecto se titula ‘Ley de Cese de Subvenciones de Investigación Animal en el Extranjero’ y lo lideran Dina Titus, representante demócrata de Nevada, y Troy Nehls, representante republicano de Texas.

En la última década, entre 2011 y 2021, los NIH entregaron 2200 millones de dólares a cerca de 200 organizaciones fuera de Estados Unidos para financiar proyectos relacionados con animales, que no fueron auditados; no se sabía qué ocurría en esos laboratorios con las especies en las que experimentaban.

Entre los países a los que llegó ese dinero, 45 en total, está Colombia. Una de las entidades financiadas se encuentra muy cerca a Cali (km 6 de la vía hacia Puerto Tejada), y lo que sucedió en sus instalaciones fue el motivo, en parte, de la realización de ambos proyectos de ley.

Se trata del Centro de Investigación Científica Caucaseco, fundado por Sócrates Herrera y Myriam Arévalo, quienes, desde hace 40 años, aseguran estar en busca de una vacuna contra la malaria que, hasta el momento, no se ha logrado.

Como lo denunció El País en marzo de 2023, y tras una investigación de la organización PETA, dedicada a la protección de los derechos de los animales y con 9 millones de miembros en el mundo, en Caucaseco se habría cometido un presunto maltrato animal contra una especie vulnerable: los monos Aotus.

Cuando las autoridades ambientales llegaron al lugar, rescataron 108 monos, algunos con amputaciones, fracturas y lesiones en la piel. A otro de los primates le faltaba un ojo. Eran alimentados con concentrado para perros remojado con aguapanela y no contaban con un veterinario permanente. Los investigadores de Caucaseco tampoco presentaron los permisos que se necesitan para el manejo de primates.

La Alcaldía, a su vez, encontró ratones que estaban en pésimas condiciones. La CVC formuló oficialmente pliego de cargos.

– En Caucaseco y las demás organizaciones de Sócrates Herrera se han usado más de 92.000 millones de pesos. Parte de este dinero ha salido de las arcas públicas colombianas y, de acuerdo con la reciente auditoría de la Contraloría al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, los documentos de soporte que justifiquen el uso de estos recursos no están disponibles. Por ello, la Contraloría ha señalado que algunos de estos recursos deben ser reintegrados. Caucaseco no solo ha sido incapaz de producir una vacuna efectiva contra la malaria, sino que parece estar inmerso en un entramado de corrupción y aparente desvío de recursos. Esta es una razón más para fortalecer los mecanismos de vigilancia para la investigación – dice el Representante a la Cámara Juan Carlos Lozada.

Con la presentación de su proyecto de ley se ha abierto de nuevo un debate histórico: ¿debe la ciencia experimentar en animales?

Tanto animalistas, como experimentadores, coinciden en que es necesario buscar alternativas que eviten el uso de animales en la investigación científica. En lo que no se ponen de acuerdo es en la manera de lograrlo.

Mientras los animalistas hablan de prohibir estos experimentos, los científicos consideran que debe darse una transición.

De momento, millones de animales son usados cada año en experimentación, no solo científica sino también industrial y militar. La mayoría de ellos son ratones y ratas. Pero también se usan cerdos, monos, conejos y gatos, cuyo bienestar no siempre se garantiza.

En algunos de estos experimentos a los conejos les afeitaban su lomo y les aplicaban corrosivos para determinar su reacción; a los gatos a los les abren orificios en su cráneo; a ratones les cortan el colon para que su materia fecal entre al organismo y produzca una infección.

Uno de los casos más famosos es el de Elizabeth Murray, que estudia “la capacidad de reacción emocional de los monos”.

Les abre la cabeza y les inyecta toxinas o aspira partes de su cerebro, y después los asusta con serpientes de plástico que introduce en sus jaulas, de donde los monos intentan escapar con desespero. Su único propósito es saber “cómo reaccionan”.

Magnolia Martínez es la Gerente Líder de Proyectos del Departamento de Investigaciones de Laboratorio de PETA. En su concepto, la investigación en animales debe suspenderse de manera definitiva, y para argumentarlo apela a las estadísticas: el 95 % de los nuevos medicamentos que prueban en animales fallan cuando se prueban en humanos.

– El paradigma es: si algo funciona en animales, funciona en humanos. Y no es así. Si se continúa con este paradigma, las personas que sufren distintas enfermedades serán las más perjudicadas porque es posible que lo que no esté dando resultados en animales, sí lo haga en humanos. ¿Cuántos avances se están desechando porque no funcionan en animales y tal vez sí en los humanos? No se sabe – dice Magnolia.

En diciembre de 2022, en Estados Unidos se aprobó una ley que aclara que ya no es necesario el testeo en animales para aprobar un medicamento. La ley fue respaldada por PETA, pero también por organizaciones farmacéuticas y de pacientes.

– Lo que se debe entender es que no es solo un asunto de bienestar animal. Es un tema científico que tiene un impacto en la salud pública: ¿cómo lograr experimentos más eficaces para el bienestar humano? El 90 % de la investigación básica, la cual se realiza principalmente en animales, no conduce a ningún tratamiento para humanos dentro de los 20 años siguientes. Además, hasta el 89 % de los experimentos en animales no se puede reproducir, lo cual va en contra de los preceptos de la investigación científica – continúa Magnolia.

Lo que PETA y otras entidades plantean es que, con el avance de la tecnología, ya es posible experimentar sin necesidad de hacerlo en animales y con resultados mucho más certeros y rápidos.

Una de las alternativas más prometedoras para reemplazar a los animales son los órganos en chips. Son dispositivos en miniatura que contienen células humanas cultivadas que imitan la estructura y la función de los órganos del cuerpo. Se utilizan en experimentos que buscan conocer la manera en que se comportan ciertas enfermedades y en pruebas para determinar la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos.

También hay modelos tridimensionales a partir de células y tejidos humanos usados para evaluar la seguridad de medicamentos, cosméticos y productos químicos de consumo.

Además, con la llegada de la Inteligencia Artificial, es posible usar equipos que analicen las grandes cantidades de datos ya disponibles, lo que haría innecesario en ciertos casos hacer otros experimentos (en animales), pues es posible aprovechar el conocimiento ya adquirido. De hecho no se requiere (y está prohibido) abrir una rana en el colegio o en la universidad para aprender de anatomía.

– Hay muchos problemas con la experimentación en animales. Uno es que se hace por inercia, como si fuera algo que hay que hacer, pero no siempre está justificado. Y el otro problema es esa idea de que los sistemas y los órganos en animales, como tienen la misma función, se comportan igual en el humano: hígado en humano, hígado en ratón, hacen lo mismo, y no. Está claro que un animal no humano es distinto a un animal humano. Hay un ejemplo dramático con un medicamento antidepresivo llamado rimonabant. En animales tuvo efectos positivos y, al probarse en humanos, resultó en la muerte de cuatro personas por suicidio – continúa Magnolia.

Karen Corredor es la presidenta de la Asociación Colombiana para la Ciencia y Bienestar Animal de Laboratorio, Accbal. Es una entidad dedicada a la promoción del cuidado de los animales utilizados en investigación.

Karen considera “peligroso” afirmar de manera tajante que el 90% de la investigación básica en animales no conduce a tratamientos en humanos en periodos de 20 años. Es un dato que tiene varias “capas explicativas”, comenta.

– Parte del tiempo que toma la investigación científica se debe a que debe ir resolviendo niveles explicativos para acercarse de una manera eficiente a la solución o explicación de un fenómeno. No podemos desconocer que es un proceso de ir saturando los niveles de explicación asegurando las necesidades de bienestar de los animales y los parámetros éticos de su manejo. Esto toma tiempo. Pero, con los avances logrados, es posible recalcular ese periodo de 20 años. Son contados los experimentos en animales que no conducen a nada.

Tanto Karen como otros investigadores de Accbal, trabajaron hace unos años con los asesores del representante Losada en la elaboración de la ley para la investigación ética en animales.

De alguna manera están de acuerdo en diversos puntos, como la necesidad de invertir en infraestructura idónea para la investigación, hacer seguimiento de cada ensayo, formar a los investigadores, desde el principal hasta el último involucrado, pero la ruptura que se tiene es con el enfoque prohibicionista de la ley, que excluye la posibilidad de hacer una transición gradual para la reducción del uso de animales en la experimentación científica.

– El corazón de la iniciativa del representante Losada es positivo, el bienestar animal, pero hay que tener un conocimiento claro sobre cuándo y para qué se utilizan animales en laboratorio. El mundo avanza hacia ello, a usar de manera prudente los animales de investigación cuando sea necesario. Pero que se anule de manera casi tajante la financiación de la investigación que involucre animales no tiene sentido. Hay que tener una discusión muy fuerte: cuándo realmente no se justifica el uso de animales y cuando sí – comenta María Adelaída Gómez, Coordinadora del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del centro de Investigación CIDEIM en Cali.

– Todos los que trabajamos en esto estamos de acuerdo en lo que plantea en el fondo la ley del representante Lozada: debemos migrar a métodos alternativos de investigación, pero hay que definir esa transición de cómo se va a desarrollar. No se determina con claridad en el proyecto de ley, por ejemplo, si Colombia va a tener un centro para validar los métodos alternativos de investigación como sucede en Brasil o Europa. Este tipo de cambios deben basarse en un modelo gradual de transformación que toma más de un año. Y tampoco se debe generalizar a toda la ciencia. Es verdad que en algunos casos investigar en animales no funciona, no es necesario, pero hay otros en donde sí. Entonces es en la generalización en donde también se equivoca el proyecto de ley del representante Lozada – agrega el profesor Manuel Eduardo Góngora, Director de la Unidad de Biología Comparativa de la Universidad Javeriana y expresidente de Accbal.

Manuel advierte, sin embargo, que es cierto que los sistemas del Estado colombiano para hacer vigilancia y control de la investigación científica en animales aún es muy pobre, “es algo huérfano”, y urge desarrollarlo.

Alguna vez lo comprobó la profesora de la Universidad Nacional, Carmen Alicia Cardozo de Martínez, quien coordina la Red Nacional de Comités de Ética en Colombia. Cuando visitó los laboratorios de Manuel Elkin Patarroyo, le hizo recomendaciones para el cuidado de los monos con los que experimentaba, y la respuesta de Patarroyo fue: ¿a mí quién me obliga a eso?

El problema en Colombia, explica la profesora Carmen, es que se crearon normas para regular la investigación en salud como la 8430 de 1993, pero no se dejó claro quién o qué entidad debía hacerla cumplir, luego los investigadores no tienen una supervisión adecuada.

Es decir: hay desconocimiento de quiénes deben regular, como de quiénes trabajan en investigación. Fue lo que sucedió en Caucaseco: a Sócrates Herrera y Myriam Arévalo los dejaron hacer lo que quisieron durante años, pese a que es el investigador el que debe desarrollar una mayor sensibilidad en relación a los animales en los que experimenta.

Desde Chile, donde está radicada, la profesora Carmen, quien también dicta una clase sobre cómo prevenir la corrupción en la ciencia, dice:

– Lo que habría que preguntarle al representante Lozada es cuánto está dispuesto a invertir el Gobierno en infraestructura para investigación en Colombia. Porque los únicos sitios que cumplen con los estándares internacionales para hacerlo son el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Antioquia y unas pequeñas salas de algunas instituciones. En general el resto de instituciones no tienen opción de hacer inversión para investigar en animales en condiciones, así que prohibir pierde sentido cuando ni siquiera hay cómo investigar de manera adecuada. Y por otro lado está la formación, porque para garantizar la calidad de estos sitios donde se investiga con animales, desde la persona que trapea el laboratorio hasta el investigador más curtido deben estar formados. Es una ciencia altamente desarrollada. Pero en Colombia ni siquiera en pregrado hay enseñanza sobre el uso de los animales.

Enseguida la profesora Carmen agrega:

– En el país no hay conocimiento para hacer una investigación adecuada y no hay seguimiento a lo que se hace. Es un problema de corrupción también. Una forma de corrupción es comprometerse – en la ciencia - a hacer algo que no se sabe hacer, como ya ha pasado con casos tan famosos. Con el agravante de que no hay manera de regular esos comportamientos. La investigación debe ser honesta, proba, trazable, reproducible. Pero insisto; no hay la infraestructura en Colombia para desarrollarla.

“Caucaseco revivió el debate de la experimentación en animales”: Juan Carlos Lozada Vargas, representante a la Cámara

Representante, ¿cómo nació el proyecto de ley que regula el uso de animales en investigación científica en Colombia?

Este proyecto nació del trabajo que iniciamos en 2019 con la construcción del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal.

Durante los primeros meses de la legislatura 2018-2019 enviamos más de 1000 derechos de petición a las alcaldías del país para indagar el cumplimiento de las normas de protección animal, en especial de la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales) y la Ley 5 de 1972 (Juntas Defensoras de Animales), constatando que ninguna de estas normas estaba siendo aplicada por las entidades territoriales.

Así, decidimos que era hora de actualizarlas y en ese proceso empezamos a revisar los diferentes capítulos regulados en la ley 84 de 1989, entre los cuales se incluía el de experimentación.

Luego de más de 20 audiencias públicas sobre el Código Animal y de decenas de mesas técnicas, logramos concertar un articulado que actualizara las normas en materia de experimentación en animales, expandiendo el alcance de la regulación a procesos investigativos que no incluyen la experimentación.

Esta actualización, además, se encontró necesaria en tanto a la fecha no solo no se cumplen las normas vigentes sobre esta materia, sino que además hay un abierto desconocimiento de ellas, sin que alguna entidad realice seguimiento, control o imponga las sanciones a las que hay lugar en virtud de la ley.

El Código tuvo dificultades para ser aprobado en su totalidad, pues incluía distintos temas que generaban preocupaciones en sectores diversos, por lo que este año decidimos presentar de forma individual algunos de sus capítulos, como es el caso del uso de animales en investigación, educación y estudios biológicos.

Durante ese proceso, entablamos comunicación con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organización que en diciembre del año pasado logró modificar las normas que rigen la FDA en Estados Unidos, con el fin de eliminar la obligación de testear en animales para aprobar los medicamentos.

Esta reforma tuvo como fundamento los estudios que han demostrado que, en la gran mayoría de los casos, los experimentos en animales no resultan en curas o tratamientos para las enfermedades humanas y que encarecen innecesariamente los procesos de investigación. Esto, además de la crueldad inherente a la experimentación en animales.

Con PETA revisamos el articulado que ya teníamos construido y ajustamos algunas disposiciones, de conformidad con la evidencia científica y los avances que la organización ha logrado sobre el tema en el mundo.

En palabras sencillas, y de manera resumida, ¿qué plantea este proyecto?

El proyecto hace una actualización necesaria de las normas que rigen la experimentación en animales en el país, concretamente de la ley 84 de 1989. Se asignan competencias a entidades del orden nacional para hacer vigilancia y control de estas disposiciones y se fortalecen los comités encargados de examinar, avalar y vigilar estos experimentos dentro de los centros que los desarrollan.

La norma también fija lineamientos para otro tipo de investigaciones con animales, como los avistamientos y regula lo correspondiente al uso de animales en escenarios educativos. Sobre esto último, es fundamental señalar que desde 1989 está prohibido usar animales como medio de ilustración y para obtener destrezas quirúrgicas o de otro tipo, sin embargo, esta prohibición hoy en día no está siendo atendida ni por las facultades de medicina veterinaria, ni por algunas facultades de medicina.

Ahora, el proyecto no solo se limita a reiterar las prohibiciones en materia de educación, sino que plantea una salida novedosa que no solo permitirá que los estudiantes puedan fortalecer sus aptitudes quirúrgicas y de diagnóstico, sino que haya mayor acceso a servicios veterinarios para las poblaciones vulnerables.

Inspirados en el sistema de los consultorios jurídicos que operan en las facultades de derecho, el proyecto plantea la posibilidad de que los estudiantes de medicina veterinaria puedan atender animales con fines de diagnóstico o de cirugías básicas, bajo la supervisión y constante acompañamiento de sus docentes, en el marco de un programa que beneficiará a las poblaciones más vulnerables. También se permitirá que las facultades puedan realizar convenios con entidades territoriales para las mismas materias y así se logre un mayor acceso a servicios veterinarios y, con esto, se propicie una tenencia más responsable.

El proyecto además prevé unas normas relativas al uso de animales silvestres en experimentación, el cual se limitará al máximo. El objetivo de esta restricción es proteger la biodiversidad y los ecosistemas colombianos, y evitar que se repitan episodios lamentables como los de Manuel Elkin Patarroyo —quien ha sido responsable de la muerte y el sufrimiento de miles de monos en la Amazonía e incluso ha afectado a poblaciones silvestres en Brasil y Perú— y Sócrates Herrera Valencia, quien aparentemente ha capturado monos de forma ilegal en el departamento de Sucre y hoy se encuentra bajo investigación. Tanto Patarroyo como Herrera han violentado a estos animales con el supuesto propósito de producir una vacuna contra la malaria. Pero en más de 70 años combinados de experimentación en monos, lo único que han logrado producir es un aberrante legado de crueldad animal.

¿Qué tanto influyó en esta ley el caso Caucaseco, en Cali, recientemente revelado, en donde hubo un maltrato animal a los monos y ratones?

El caso de Caucaseco ha revivido este debate en el país y en los Estados Unidos, donde recientemente, el 19 de julio, se radicó un proyecto de ley que busca prohibir la financiación por parte de EE. UU a experimentos en animales fuera de dicho país. El origen de esta iniciativa es justamente el escándalo que ha suscitado el caso de Caucaseco y la aparente corrupción que hay detrás del uso de los recursos: más de 17 millones de dólares provenientes de los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU.

Este caso, al igual que el de Manuel Elkin Patarroyo, demuestra una vez más que la experimentación en animales no es el camino para proteger la salud pública y que, además, implica el uso de millonarios recursos y el sometimiento de miles de animales a prácticas crueles sin la más mínima justificación ética o científica.

Particularmente en Caucaseco y las demás organizaciones controladas por Sócrates Herrera Valencia, se han usado más de 92.000 millones de pesos. Parte de este dinero ha salido de las arcas públicas colombianas y, de acuerdo con la reciente auditoría que llevó a cabo la Contraloría General de la República al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, los documentos de soporte que justifiquen el uso de estos recursos no están disponibles. Por ello, la Contraloría ha señalado que algunos de estos recursos deben ser reintegrados. Caucaseco no solo ha sido incapaz de producir una vacuna efectiva contra la malaria, sino que parece estar inmerso en un entramado de corrupción y aparente desvío de recursos. Esta es una razón más para fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para la investigación.

¿Se tiene un cálculo de cuántos animales se usan en investigación científica en Colombia y cuánto dinero público se invierte en ello?

Desafortunadamente, en Colombia no hay certezas de las cifras, ni hay información clara sobre este asunto porque, a la fecha, ninguna entidad se ocupa del tema. En general, en el mundo, la falta de transparencia por parte de las instituciones que experimentan en animales es un denominador común.

El año pasado, cuando se volvió viral la campaña del conejo Ralph que buscaba generar conciencia sobre este asunto, los medios pusieron la lupa sobre este tema y pudieron evidenciar lo que nosotros identificamos en el 2019 y es que, a la fecha, no existe una entidad encargada de esta materia. El INVIMA ha manifestado no tener competencia, el ICA tampoco ha desarrollado protocolos, ni seguimiento o vigilancia y el INS, que sí ha venido adelantando un trabajo juicioso, no tiene el alcance, el personal, ni las competencias legales para abarcar la problemática en su totalidad.

El tema de la financiación tampoco está regulado y, de hecho, en el caso de Sócrates Herrera Valencia y sus organizaciones, no existe una auditoría completa de los recursos públicos que ha recibido en los últimos 30 años. Por todo esto, es urgente sacar adelante este proyecto de ley.

Uno de los argumentos de la ley es que estos experimentos, en su mayoría, no conducen a tratamientos en humanos…

Existen varios estudios científicos que demuestran que las pruebas en animales para ciertas enfermedades han sido un fracaso. Por ejemplo, el 95 % de los nuevos medicamentos que cuando se prueban en animales son seguros y efectivos, fallan cuando se prueban en humanos. Para ciertas enfermedades, el fracaso de estos experimentos es aún mayor:

· Enfermedad de Alzheimer: 99.6 %

· Cáncer: 96.6 %

· Vacuna contra el VIH/SIDA:100.0 %

· Accidente cerebrovascular: 100.0 % (se han probado 1.000 sustancias nuevas en animales y en 100 ensayos clínicos)

· Septicemia: 100.0 %

En el caso del cáncer, por ejemplo, las pruebas han logrado curarlo en ratones, pero nunca han logrado trasladar ese resultado a los humanos. Esto lo ha admitido incluso quien fuera el director del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.

El fracaso de los experimentos en animales en estas áreas no solo supone la carencia de opciones de tratamiento y cura para condiciones que afectan a miles de habitantes en Colombia y resultan en numerosas muertes. Este fracaso también implica una pérdida de importantes recursos económicos que podrían dirigirse en su lugar a métodos innovadores sin animales.

Un tema clave es la supervisión de estos experimentos, que en Colombia es muy débil. Muchos comités de ética en realidad son de papel, no funcionan. ¿Qué hacer al respecto?

El proyecto crea los Comités Institucionales de Cuidado y Uso de Animales (CICUA), en reemplazo de los Comités de Ética, que deberán estar conformados por no menos de 5 miembros distribuidos de la siguiente manera:

a) Un/a profesional de la medicina veterinaria o medicina veterinaria y zootecnia con formación en el comportamiento y el bienestar de los animales usados en laboratorios.

b) Dos profesionales en el ámbito científico con experiencia en el uso de animales en investigación, educación o estudios biológicos.

c) Un miembro lego que represente los intereses de la sociedad, no forme parte de la institución a la que pertenece el CICUA ni esté relacionado con personas afiliadas a la institución a la pertenece el CICUA.

d) Un/a representante de entidades defensoras de animales legalmente constituidas o veedoras de los derechos de los animales.

El proyecto también crea el Registro Nacional de Animales en Laboratorios (RNAL) y asigna competencias específicas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al ICA, al INVIMA y al INS, con el objetivo de garantizar un control, seguimiento y vigilancia más estrictos.

La última: ¿qué falta para que la ley se haga realidad, cuál es el camino que le resta?

Tenemos que empezar los debates. Para sacar el proyecto adelante debemos superar 4 debates, que estamos seguros de lograr, pues tenemos el sustento científico y ético necesario para lograrlo. Para las empresas, los gremios y las entidades dedicadas a la investigación, este proyecto de ley es una oportunidad para hacer de la innovación una realidad, incursionar en el uso de métodos sin animales y basados en la biología humana y, contribuir al avance de la salud pública en el país. Todo esto, al tiempo que evitamos que cientos de miles de animales sufran y mueran en experimentos crueles e inútiles. Este proyecto de ley es una invitación a hacer un uso inteligente, transparente y efectivo de los recursos públicos destinados a la investigación en el país.

Me siento optimista frente a esta discusión y sé que el país está dispuesto a avanzar en esta materia. En este proyecto de ley confluyen temas vitales: la protección del sector ciencia y el sector salud, cumpliendo del mandato constitucional de protección del ambiente y la biodiversidad, la necesidad de usar de manera efectiva los recursos públicos, y la responsabilidad ética que, como humanos, tenemos con los demás animales y que debe materializarse en evitar su sufrimiento siempre que sea posible.