La Andi alertó un impacto fiscal en Colombia, en caso de aprobarse la reforma laboral como fue propuesta

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, analizó a través de un documento el impacto que podría tener la reforma laboral del Gobierno Petro en el país, por lo que aseguró que deben tenerse en cuenta algunos temas esenciales. En el comunicado iniciaron expresando que “fueron acumulados varios proyectos, uno de iniciativa gubernamental y dos de iniciativa de congresistas” para el análisis.

Se advirtió luego que la aprobación de la reforma laboral podría tener impactos negativos para Colombia, pues “el debate alrededor del articulado propuesto por el gobierno no ha contado con un análisis de impacto fiscal apropiado que permita tomar decisiones informadas”.

Además, se aseguró que en medio del trámite en la Cámara de Representantes no se abordó el impacto fiscal y que “esa mínima consideración (...) tampoco está presente en la ponencia positiva presentada para el debate ante la Comisión Séptima del Senado de la República”, se explicó a través del comunicado.

De la misma manera, se explicó que debe hacerse un concepto de análisis macroeconómico y de impacto fiscal enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues el presentado el 11 de marzo “no cuantifica los gastos adicionales que deberá asumir el Estado si la iniciativa sale aprobada; tampoco señala las fuentes que posibilitarán la financiación de esos gastos. El concepto no tiene mediciones, asume que el beneficio va a estar en reducir informalidad y aumentar el empleo (cuando el resultado es el opuesto)”.

Según se explicó, el documento del Ministerio asume que habrá un aumento en la productividad debido a que los trabajadores van a recibir un mayor pago, y sostiene los artículos que de alguna forma pueden tener impacto fiscal, pero no pueden ser medidos mientras no esté reglamentado.

“Asimismo, se afirma que la propuesta de articulado se llevó a unas mesas de concertación donde participaron los gremios, pero hay que tener presente que las consideraciones del sector empresarial no fueron tenidas en cuenta para la propuesta que se llevó al Congreso finalmente”, detalló.

Por estos motivos, la Andi indicó que se debe recordar que el concepto de aval fiscal debe estar ceñido a varios requisitos establecidos por la Constitución y la legislación pertinente, especialmente en lo correspondiente a la viabilidad, la sostenibilidad del gasto y el control fiscal.

Según la Andi, “es responsabilidad de todos los actores involucrados en este proceso velar porque el debate se haga de manera informada, para poder tomar decisiones responsables”.