La estructurada red de compra de votos en el Atlántico que se sigue tejiendo

En la Costa Caribe la compra de votos ha sido un secreto a voces desde hace muchos años, una verdad que parece ser aceptada entre los ciudadanos que ‘venden la conciencia’ a cambio de unos cuantos pesos y no denuncian las constantes irregularidades que se presentan en épocas electorales.

No obstante, el caso de Aida Merlano se convirtió en emblemático, porque fue la primera vez que llegó a probarse, judicialmente hablando, la compra de votos, razón por la que Merlano fue condenada a 11 años de prisión. Además, su sorprendente manera de escapar de la custodia de las autoridades, fue otra situación que la puso en el ojo del huracán.

Merlano cumplía condena en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, cuando aprovechando una visita al dentista fuera de este centro penitenciario, se descolgó por una ventana y se subió a una moto que la estaba esperando en la calle y en la que huyó a toda velocidad.

Desde entonces, se sabe que Merlano permanece en Venezuela, en donde ha asegurado que varias figuras importantes en el país la ayudaron a escapar para que ella no hablara sobre el entramado de corrupción y aseguró que incluso intentaron asesinarla.

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La excongresista ha salpicado a importantes figuras de la política nacional, no obstante, a pesar de sus afirmaciones, la única condenada por compra de votos sigue siendo ella. En la justicia avanzan varias investigaciones, a paso lento, mientras que se siguen revelando pruebas de lo que sería un complejo entramado de corrupción.

Los políticos locales vinculados a esta red son Margarita Balén y Jorge Rangel, los exconcejales Aissar Castro Bravo, Juan Carlos Zamora Callejas, Aissar Castro Reyes, Vicente Támara Chamorro y la excandidata a la Cámara, Lilibeth Llinás, fórmula de Aida Merlano.

Así mismo, figuran Julio Gerlein, hermano del excongresista Roberto Gerlein, y quien según la Fiscalía sería el cerebro de la llamada ‘empresa criminal’ para la compra de votos.

Con base en múltiples testimonios, la Corte Suprema de Justicia determinó que a cada ciudadano, estas personas le pagaban 15.000 pesos para asegurar el voto, y luego, cuando verificaban la votación por Merlano, les daban 35.000 más. A algunos les pagaron 90.000 pesos, y a los líderes, 10.000 pesos por cada voto que ayudaran a conseguir.

Ahora, la Sala de Instrucción de la Corte, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, son los cuatro frentes de investigación que hoy tienen el ojo puesto en este caso.

Ante la opinión pública fueron revelados esta semana unos audios en los que al parecer el empresario Julio Gerlein queda como el principal financiador de la campaña de Aida Merlano. En las grabaciones, se escucha decirle que aportó 12.000 millones de pesos a su campaña política.

Esta semana, dos testigos que declararon en medio del proceso que se sigue contra Merlano por la violación de topes electorales, respaldaron las afirmaciones hechas por la prófuga excongresista y también lo vincularon a lo que se conoce como ‘La Casa Blanca’, la sede de campaña de Merlano en Barranquilla en donde supuestamente se ejecutaban los planes para comprar los votos.

El 28 de agosto de 2018, la Fiscalía anunció que imputaría cargos al empresario barranquillero, por su presunta responsabilidad como financiador. No obstante, más de tres años después, el juicio en su contra no ha iniciado y el caso está en el riesgo de prescribir.

Se dice que los tres ‘clanes’ que controlan las maquinarías políticas en el Atlántico, son los Gerlein, los Char y los Name. Estos clanes, supuestamente habrían depositado cheques a diferentes personas cercanas a la exsenadora, para que luego se repartiera el dinero a ciudadanos que se comprometieran a votar por ella.

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Serfinanza, propiedad de la familia Char, aparece haciendo préstamos a varios de los vinculados. Por ejemplo, a Julio Gerlein al parecer la habrían prestado 7.000 millones de pesos para la campaña de Merlano.

Por estos hechos, la Corte también le abrió una indagación preliminar a Arturo Char por delitos de corrupción electoral en 2019, y en junio de 2020 lo llamaron a rendir versión libre, por su presunto vínculo con la “empresa electoral”, por la que fue condenada Merlano. Esa misma indagación incluye la posibilidad de ser investigado, porque habría participado en la ejecución de su fuga.

Entre los mencionados para que investigue la Fiscalía está Alejandro Char, quien es señalado por Aida como una de las personas que organizó, financió y ejecutó el plan que condujo a su fuga, el primero de octubre de 2019.

Así mismo, Merlano ha mencionado a la Corte, que en la alcaldía del hoy precandidato presidencial, este obtuvo cuantiosas ‘coimas’ exigidas a los contratistas que resultaron favorecidos con la adjudicación irregular de contratos para la construcción de obras. Nombra, en concreto, a 'Arroyos Barranquilla' y 'El Malecón', y dice que Char habría exigido entre el 10 % y el 15 % de su valor total para que se realizaran los contratos.

Otro de los mencionados es Laureano Acuña, conocido como ‘el gato volador’, sobre quien hay una indagación preliminar en la Corte Suprema y en la Procuraduría. Acuña es señalado por Aida en sus declaraciones como uno de los “tres mayores responsables de compra de votos en el Atlántico” y encargado de conseguir a los votantes.

Los otros dos involucrados en campaña son Carlos Rojano Llinás, exesposo de Aída y candidato por el Partido Liberal al Senado; y Adriana Blanco, quien fue la coordinadora de la campaña de Merlano en 2018 y hoy es candidata a la Cámara por el Partido Conservador.

Rojano fue concejal de Barranquilla en el periodo 2016-2019 por Cambio Radical y siempre ha sido cercano a los Char.

Su hija, Karina Rojano, actual representante a la Cámara, es una de las cuotas de este clan en el Congreso. El nombre de Rojano Llinás aparece también en el fallo contra Merlano, como uno de los políticos que se logró elegir por medio de la organización criminal de la cual hacía parte Merlano.

Así mismo, en los expedientes se asegura que la red era controlada por políticos regionales como Jorge Rangel y Margarita Ballén, diputados del partido Conservador en el Atlántico, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, ambos concejales del departamento; y Aissar Castro Reyes, padre de Castro Bravo.

Al parecer, estos últimos, contactaban a líderes barriales para que convocaran al electorado, posteriormente, daban dinero por cada uno de los votos que obtenía.

La prima de Rojano, Lilibeth Llinás, se habría unido a este “proyecto ilegal” en 2018, como la ficha de los Char y la fórmula por debajo de cuerda (eran de partidos distintos) de Merlano en la Cámara.

Por su parte, Adriana Blanco aparece también en el fallo porque según Palencia, testigo del caso, ella era una de las personas que integraba la campaña y habría estado presente en una reunión con Julio Gerleín y Edwin Martínez después de la cual Merlano se habría disgustado porque Julio no le entregaría los 2000 millones de pesos para financiar la campaña.

En el caso de Lilibeth Llinás Delgado, a quien Aída Merlano sindica como protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char en las elecciones del 11 de marzo de 2018, dice Merlano, que estableció su sede política en un espacio de las instalaciones de 'Casa Blanca', y recibió igualmente algunos recursos para financiar su campaña a la Cámara, los cuales tenían su origen en las “coimas” que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico.

Así mismo, se investigan a los abogados Raúl Cadena Lozano, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo, quienes fueron señalados por Aida como los abogados presuntamente enviados tanto por la familia Char como por Julio Gerleín a su lugar de reclusión, con el fin de transmitirle a ella ofertas de dinero, a cambio de su silencio, y quienes supuestamente también la intimidaron o amenazaron, con el objeto de lograr que esta no incriminara a Arturo Char en los hechos delictivos en los que habrían incurrido.

La red organizaba a las personas a través de personal de diferentes rangos. En primer lugar, estaban los administradores que manejaban los dineros y la logística. Luego estaban los punteadores que revisaban las listas de los votantes reclutados, los certificados electorales y las contraseñas con códigos de barras.

En la estructura, seguían los pagadores que entregaban las contraseñas en las casas de los votantes, los coordinadores que entregaban las contraseñas en las casas de campañas y estaban los didactas que enseñaban cómo votar y al mismo tiempo eran testigos electorales.

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Cada líder llevaba a un centro de operaciones a un grupo de personas, con un talonario en el que marcaba a los votantes con fotocopia de la cédula y la huella.

El día de las elecciones se arrendaron 187 terrazas en el departamento del Atlántico, a esos lugares iban los electores con el certificado y los líderes recibían el dinero para pagar el voto. Dentro de los votantes había adultos mayores y personas con bajos recursos económicos.

En total, esta red logró vincular a 2.323 líderes barriales y locales.