Nueva demanda contra Gobierno Petro por orden público: Tribunal aceptó acción popular por incremento del conflicto en el Huila

Tal como hace unos pocos días lo hizo con la crisis del orden público en Arauca, la Fundación para el Estado de derecho (Fede) presentó una acción popular respecto a la situación del departamento del Huila.

Por lo tanto, esta acción judicial busca que a los ciudadanos huilenses se les garantice la protección de sus derechos e intereses colectivos a la paz, seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Lo anterior, según los demandantes, es porque dichos derechos “están siendo sistemáticamente vulnerados”.

En ese sentido, durante las últimas horas el Tribunal Administrativo del Huila aceptó esta demanda que está dirigida contra la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El objetivo es que estas entidades estatales den garantías de protección a la población civil y miembros de la Fuerza Pública.

Y es que a pesar de que el Gobierno Nacional decretó hace unos meses un cese al fuego bilateral con disidencias de las Farc que operan en el departamento como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, Fede lanza la advertencia de que el conflicto armado se ha venido incrementando, principalmente en crímenes como el reclutamiento forzado de menores de edad.

“Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre las estructuras al margen de la ley ubicadas en el Huila vulneran las obligaciones constitucionales y legales de preservar la integridad del territorio; el orden constitucional; y, asegurar elementales condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas en esta zona del país”, detallaron los miembros de la fundación.

Como la demanda ya se encuentra aceptada por parte del tribunal, de ahora en adelante se llevará a cabo una acción judicial, con el fin de que las autoridades puedan tomar medidas urgentes para mitigar la violencia que ha azotado al departamento del Huila.

“Admitir la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos que promueve la Fundación para el Estado de derecho y otros, contra la Nación- Ministerio de Defensa y otros”, ratificó el Tribunal Administrativo del Huila a través de un documento firmado por el magistrado Ramiro Aponte.

Finalmente, uno de los casos que evidencian el deterioro en la seguridad en este departamento es que hace unos pocos días fueron asesinadas cuatro personas en los municipios de Pitalito, Oporapa y Timaná.