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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Procuraduría pide traslado urgente de presos ante aumento de casos de coronavirus
Según cifras reportadas por el Fonde Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, al 5 de julio se registraban 3023 detenidos contagiados de coronavirus en el país.
La Procuraduría General solicitó a la ministra de Justicia, y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de la población privada de la libertad que se encuentra en estaciones de policía, URI y sitios de detención transitoria, a las cárceles del país para prevenir la propagación y contagio del coronavirus.
En una carta dirigida a la ministra Margarita Cabello y al director del Inpec, general Norberto Mujica, el ente de control alertó sobre las cifras reportadas por el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, que para el 5 de julio registraba 3023 detenidos positivos para covid-19.
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El ministerio público señaló que con corte al 6 de julio el Inpec reportó 108.622 personas privadas de la libertad a cargo de esa institución, con un hacinamiento de 34,22 %, que equivale a una sobrepoblación de 27.694, cifra que aumentará como consecuencia del ingreso a las diferentes cárceles del país de los condenados y detenidos con perfil de alto riesgo.
La Procuraduría hizo un llamado para que los planes y protocolos que se diseñen se apliquen teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria perdurará durante un término que es imposible de definir y en las condiciones actuales impera la necesidad de persistir en las medidas de deshacinamiento de las cárceles de Colombia, con la finalidad de garantizar la salud y la vida de la población privada de la libertad.
También solicitó al Gobierno nacional remitir a las procuradurías delegadas para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente y la Defensa de los Derechos Humanos los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del covid-19 instaurados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país que garanticen la protección de los derechos a la vida y salud de la población privada de la libertad.
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