Sandra Ortiz enfrentará juicio por presunta implicación en caso de corrupción en la UNGRD

La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, ha sido formalmente acusada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó ante el juez el escrito de acusación que la llevará a juicio. Ortiz, quien actualmente permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, es señalada de estar vinculada a una red de corrupción que operaba dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El anuncio de la Fiscalía se dio horas después de que el juzgado 21 de Conocimiento de Bogotá determinara mantener a Ortiz privada de su libertad, tras considerar que existen indicios suficientes para sustentar su presunta participación en el esquema ilegal.

El papel de Ortiz en la red de corrupción

De acuerdo con la investigación liderada por las fiscales María Cristina Patiño y Andrea Muñoz, Sandra Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo los días 12 y 13 de octubre de 2023, entregados por Sneyder Pinilla, entonces Subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD.

Según los fiscales, el dinero fue trasladado desde Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, hasta un apartamento en el norte de la ciudad, donde reside el senador Iván Name, quien habría aceptado los recursos a cambio de respaldar intereses legislativos del Gobierno del presidente Petro.

En audiencia, la fiscal Patiño señaló que “en Bogotá, entre septiembre y diciembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por 60.000 millones a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado Iván Name; por un valor superior a los 10.000 millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz”.

También comentó que: “Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría”.

Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. Las autoridades aseguran que ella, junto con Carlos Ramón González, traficaba influencias dentro de la UNGRD para obtener contratos de manera ilícita.

El caso se fortalece con las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes buscan una reducción de sus penas a cambio de colaborar con información relevante para este proceso. Ambos han señalado a Ortiz como una pieza clave en el esquema de corrupción.

La exfuncionaria ha reiterado su inocencia frente a las acusaciones, mientras su defensa sostiene que los señalamientos se basan en testimonios de personas que buscan beneficios judiciales.