Así va la ‘lluvia de revocatorias’ de candidaturas por el Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a estar en el centro de la polémica y, en esta ocasión, como es tradición, debido a las decisiones que toma este organismo que siempre están atadas a asuntos políticos.

Por estos días, como es costumbre, el CNE debe resolver la suerte de miles de candidaturas. En esta oportunidad fueron más de 3.000, en las que hubo postulaciones a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y juntas administradoras locales.

En la formalidad, las demandas que recibe la autoridad electoral la llevan a ratificar las candidaturas o revocarlas. Cuando las revoca, es decir las tumba, esa decisión es casi un hecho, pues aunque el afectado puede acceder a una reposición del fallo de la sala, por lo general esta misma termina denegando la solicitud.

Y aunque desde hace más de dos semanas arrancaron las audiencias para informar los fallos, los casos más importantes que estaban en la sala por definir se surtieron esta semana y fueron los que sin duda agitaron el ajedrez político regional, al punto que llevaron hasta que el propio presidente Gustavo Petro terciara en la polémica y cuestionara a la autoridad electoral.

Entre los casos resueltos estuvieron dos candidaturas que desde el momento en que se inscribieron suscitaron mucha polémica. Una, la del exnarcotraficante extraditado a los Estados Unidos Samuel Santander Lopesierra, quien aspiraba a la Alcaldía de Maicao, La Guajira, su pueblo. Pero, como era de esperar, el CNE revocó la misma por ser irregular. El ‘Hombre Marlboro’, como es conocido, no desiste –sin embargo– de ser el dueño del poder en Maicao. Este viernes inscribió a su hijo Samuel Santander Lopesierra Rosado, para que sea el próximo alcalde.

El otro caso que movió la política guajira fue el de la exgobernadora Oneida Pinto, quien aspiraba a ser la alcaldesa de Albania, su pueblo natal. A Pinto, el CNE le tumbó la aspiración por estar inhabilitada por una sanción cuando estuvo al frente de la Gobernación. Ante la revocatoria anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma instancia que devolvió al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a su cargo cuando el procurador de la época, Alejandro Ordóñez, lo destituyó del cargo.

El cotarro político sin duda se dio fue cuando el CNE entró a decidir la suerte de las postulaciones de tres candidatos, Tulio Gómez, a la Gobernación del Valle; Rodolfo Hernández, a la Gobernación de Santander; Juan Daniel Oviedo, a la Alcaldía de Bogotá, y Patricia Caicedo Omar, a la Alcaldía de Santa Marta.

La ratificación del exdirector del Dane Oviedo para que se postule a ser alcalde de Bogotá fue la resolución que menos polémica tuvo, aunque se llegó a pensar que la misma se caería porque él alquiló un local comercial de su propiedad a una entidad pública un mes y medio antes de su inscripción, consideración similar que se tuvo al tumbar a Tulio Gómez.

En el caso del dueño del América de Cali, la revocatoria de su postulación motivó un enfrentamiento político regional muy fuerte, porque se consideró que desde el CNE hubo un favorecimiento a la postulación de la exdirectora del partido de La U, Dilian Francisca Toro. Incluso el fallo llevó a que al interior del Partido Cambio Radical hubiese un enfrentamiento. El senador valluno Carlos Fernando Motoa recusó al magistrado del CNE, César Lorduy, quien representa a ese partido en ese tribunal, al considerar que filtró la decisión y estaba actuando en claro favorecimiento político.

Aunque Gómez apeló la decisión teniendo como abogado al exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez, su caso pasó nuevamente a sala, pero hasta el viernes no había respondido a la reposición. En ese caso por ahora hay un vacío jurídico porque Gómez podrá aparecer en el tarjetón así en unos días se ratifique que quede revocada su postulación.

También revocado quedó el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se inscribió por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero teniendo en su contra tres sanciones que le ha impuesto la Procuraduría General de la Nación, de las cuales fue suspendido cuando alcalde de Bucaramanga, en particular por ofensa a otros funcionarios públicos.

La decisión de inmediato suscitó la reacción del ingeniero Hernández, quien apeló no solo a poner recusaciones al fallo del CNE que tuvo que pasar por dos conjueces que ratificaron su salida, sino que además irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el viernes el CNE no había resuelto la reposición.

El otro caso que movió la política regional, fue la decisión del CNE de tumbar la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de Carmen Patricia Caicedo porque está inhabilitada por ser hermana del actual gobernador de Magdalena y de Ana María Ortega Caicedo, quienes han ejercido autoridad administrativa y son ordenadores del gasto en el Distrito de Santa Marta durante los 12 meses previos a la elección.

Ese ‘avispero’ que agitó el CNE en la semana tuvo como principal crítico al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que hay un favorecimiento de esta autoridad electoral a los viejas clases políticas.

“Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana, pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Las referencias de Petro aluden a las revocatorias de Tulio Gómez (Gobernación del Valle del Cauca), Rodolfo Hernández (Gobernación de Santander) y Patricia Caicedo (Alcaldía de Santa Marta).

“Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”, añadió el presidente, sin especificar a qué instancia convocaría, pues es el CNE la que ha ocupado ese lugar en Colombia.

La postura de Petro fue replicada duramente por la candidata Dilian Francisca Toro, quien le respondió: “Gustavo, el país desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída y vos descuadernando la institucionalidad desde la comodidad de las redes sociales. Te invito a gobernar y a no desequilibrar más la democracia, que gracias a ella hoy te permite estar en el poder; el país no merece este trato de parte tuya. Empecemos por dar garantías a todos en este proceso electoral siendo respetuosos de los fallos y la institucionalidad; la paz política empieza por ahí”.

Petro de inmediato le respondió: “mi función en elecciones es que todas las fuerzas políticas puedan participar por el voto libre popular, la democracia no es que a uno le regalen las elecciones”.

Los riesgos de fraude

Mientras el CNE tumbaba candidaturas, desde la Misión de Observación Electoral, su directora Alejandra Barrios, advirtió que para estas elecciones hay 166 municipios con algún nivel de riesgo, el 14,8 % de los municipios del país. De estos, 27 se encuentran en riesgo medio, 56 en riesgo alto y 83 en riesgo extremo, y están ubicados en cuatro corredores o regiones que han sido persistentes desde que la MOE inició, en 2007.

Según Barrios, los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca concentran el 53,6 % de los municipios en cualquier nivel de riesgo y a su vez tienen la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo, mientras que los departamentos de Arauca y del Chocó, donde más del 70 % de sus municipios se encuentran con algún nivel de riesgo, de manera particular en los niveles alto y extremo.

Llamó la atención sobre que el 28 % de los municipios del país, es decir, 312, registran algún nivel de riesgo. De estos, 125 se encuentran en riesgo extremo, 97 en riesgo alto, y 90 en riesgo medio.

Con respecto al fraude, la MOE se identificó cinco variables, dominio electoral, participación electoral, votos nulos, tarjetones no marcados y trashumancia electoral. De acuerdo a esa proyección, 596 municipios presentan algún nivel de riesgo, 317 se encuentran en riesgo medio, 212 en riesgo alto y 67 en riesgo extremo.

Para la MOE, Boyacá, Santander, Cundinamarca y Nariño concentran casi el 50 % de los municipios en riesgo extremo del país, mientras que los departamentos de Chocó, Vaupés, Atlántico y Caldas, más del 80 % de sus municipios tienen algún nivel de riesgo por factores indicativos de anomalías o irregularidades electorales.