A la cárcel fueron enviados los tres policías que se habrían apropiado de 44 kilos de cocaína que eran movilizados en un vehículo de la UNP

Con medida de aseguramiento en una cárcel, fueron cobijados los tres integrantes de la Policía que se habrían apropiado de 44 kilos de cocaína que eran movilizados en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

El hecho con el cual relacionan a estas personas ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2022 en el municipio de Caloto, Cauca, cuando se encontraron 168 paquetes empacados en el vehículo, que contenían el estupefaciente, además de elementos oficiales como gorras y placas de la UNP.

El estupefaciente era movilizado en vías de Totoró, Cauca, por el denominado ‘narcochofer’ Manuel Castañeda, en una camioneta blindada de la UNP asignadas para la protección del exsubdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo.

Aunque inicialmente se dijo que los funcionarios no aceptaron los sobornos de Castañeda para permitirle avanzar con el cargamento de los estupefacientes, la investigación dio un giro, luego de que la Fiscalía determinara que en el vehículo adscrito a la UNP se transportaban más de 200 kilos de cocaína, pero los funcionarios de la Policía solo reportaron 168 kilos.

La captura de los tres policías se dio el pasado 26 de julio en Popayán y Puerto Tejada (Cauca), y Ricaurte (Cundinamarca), hasta donde llegaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los detuvieron.

Por esto la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, inició el proceso de judicialización por ser presuntamente responsables de apropiarse de 44 kilos de cocaína.

María Elena Monsalve Idrobo, directora especializada contra el narcotráfico, destacó “el material de prueba recopilado por el ente investigador evidenció que el 10 de diciembre de 2022 los patrulleros Yorguin Ómar Hernández Santamaría, Jhon Jairo Rivas Mosquera y José Ricardo Guerra Gómez, requirieron frente a la estación de Policía de Totoró, a Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien conducía una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección”.

La directora destacó frente al caso que en el vehículo los uniformados encontraron 212 kilos de cocaína, por lo que procedieron a capturar a Castañeda Bernal, y descargaron el estupefaciente para adelantar el proceso judicial respectivo.

“De acuerdo con la investigación se evidenció que una vez se puso a disposición de la Fiscalía el cargamento, solo fueron entregados 168 kilos. Al parecer, los procesados se apropiaron de una tula con los 44 kilogramos restantes. Se cree que los policías buscaban comercializar los estupefacientes con estructuras criminales”, asegura Monsalve Idrobo.

Por este hecho no solo imputaron cargos al llamado narcochofer, Manuel Castañeda, sino que también está ‘salpicado’ el subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez. De acuerdo con la Fiscalía, el alto funcionario hacía parte de la organización criminal al interior de la entidad dedicada al transporte de estupefacientes, sumado a que el vehículo incautado pertenecía a su esquema de seguridad.

El pasado 14 de junio, fue capturado Ronald Rodríguez, quien hasta septiembre del año pasado se desempeñaba como subdirector de la Unidad Nacional de Protección y resultó salpicado en las investigaciones que ordenó Augusto Rodríguez Ballesteros, actual director de la Unidad, por presuntos casos de corrupción.

Augusto Rodríguez puso en conocimiento de la Fiscalía varios desplazamientos en Caquetá de la camioneta de Ronald Rodríguez. La investigación tomó un ritmo más concreto en diciembre, cuando en el departamento del Cauca fue descubierta una camioneta adscrita a la UNP con 168 kilos de cocaína.

Rodríguez fue imputado por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso. En otras palabras, se le señala por aliarse con otras personas para cometer delitos, específicamente el tráfico de droga, y utilizar recursos públicos, en este caso vehículos de una entidad del Estado.

Mientras se encuentra vinculado en el proceso penal, permanece recluido con medida de aseguramiento privativa de la libertad, un método diseñado para ser por ley excepcional, pero que el ente acusador suele utilizar como una primera evaluación de qué tan bien le puede ir en un juicio al buscar una condena.