Autoridades ya hacen presencia en zonas del nordeste antioqueño afectadas por recientes confrontaciones entre grupos armados

Las autoridades de Gobierno y la Fuerza Pública siguen atendiendo la tensa situación de orden público que se presenta desde hace por lo menos una semana en zonas rurales limítrofes de los municipios de Segovia y Remedios, al nordeste de Antioquia.

Allí, debido a las disputas por el control del territorio entre hombres del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN se desplazaron desde el 29 de junio cerca de 300 habitantes de la vereda Arenales, de los cuales en un 70 % son niños, niñas y adolescentes.

Tras permanecer por más de una semana en refugio humanitario en Rancho Quemado, otra vereda cercana de Segovia, las autoridades anunciaron en las últimas horas que han logrado hacer presencia en el territorio y que garantizarán el retorno seguro de la población afectada por esta situación que también pertenece a otras zonas rurales como Las Palmas y San José del Pescado.

“Lo que está ocurriendo recientemente en Segovia ha motivado la mayor atención de los organismos de seguridad. El Ejército Nacional y la Policía Nacional garantizan tanto la seguridad sobre los corredores de movilidad que conducen hacia y desde las veredas afectadas como la seguridad de área en los principales centros poblados y caseríos en ese municipio”, aseguró el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata.

Si bien el funcionario aseguró que la subregión del Nordeste presenta una disminución de hasta el 46 % en homicidios durante el primer semestre del año y en comparación con igual período de 2022, siguen preocupando situaciones como la alta presencia e influencia en diferentes actividades cotidianas y de control social que están ejerciendo grupos ilegales.

La más reciente situación inició hace más de 15 días con la denuncia por parte de las comunidades campesinas de retenes sobre las vías de acceso a estas áreas rurales donde se estaba impidiendo la llegada de combustibles y alimentos.

El reciente anuncio de un despliegue confiable de la Fuerza Pública en el territorio responde también a las denuncias que han elevado organizaciones de derechos humanos en el departamento y que vienen haciendo seguimiento a la situación en materia social y de seguridad en el refugio de Rancho Quemado.

Según denunciaron las organizaciones, durante una visita de diferentes actores de la institucionalidad local, regional y nacional al lugar, entre ellas la Unidad de Víctimas, sus representantes comunicaron a los refugiados que podían desplazarse al casco urbano de Segovia o retornar a sus territorios, omitiendo –de acuerdo con un comunicado– las debidas condiciones para la movilidad.

Algunas familias acogiendo el ofrecimiento de la Unidad de Víctimas desde la mañana del 9 de julio emprendieron el retorno a sus hogares en la vereda Arenales; sin embargo, sobre las 4:00 p. m. de ese mismo día, líderes del refugio humanitario recibieron información sobre nuevas confrontaciones armadas en la zona.

“La acción de la representante de la Unidad de Víctimas no solo constituye una negación de la existencia del riesgo inminente que hay en el territorio, sin que configure una clara y sistemática violación de los derechos humanos a las comunidades del Nordeste antioqueño que no reciben atención y soluciones integrales por parte del Estado (...) ¿La Unidad de Víctimas garantiza las condiciones de seguridad para proteger la vida de la comunidad? ¿Por qué argumentan que ya pueden retornar?”, se lee en el pronunciamiento de las organizaciones sociales, que además en las últimas horas alertaron acerca del sobrevuelo de un dron sobre el espacio donde está instalado el refugio humanitario.

En la zona afectada por las confrontaciones también ya haría presencia la Policía Nacional, pues el coronel Carlos Martínez, comandante de la institución en el departamento, aseguró que trabajan para que las 117 familias desplazadas reciban la ayuda humanitaria necesaria.