Condenan a más de 21 años de prisión al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este jueves 21 de marzo a 21 años y 8 meses de cárcel al exgobernador de Cesar, Luis Monsalvo Gnecco, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de ese departamento.

El exmandatario fue hallado culpable al haber sido el coautor punible de peculado de apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisito legales, por apropiación a partir de la firma de un convenio en agosto de 2015, con relación PAE.

De acuerdo con la sentencia de la corte, Monsalvo será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y deberá pagar una multa de $ 1.537.021.828. También, se le pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que traslade “inmediatamente al procesado a un centro de reclusión”.

De su lado, el defensor del exmandatario, José Luis Barceló, y Monsalvo, informó que apelará la decisión, mientras el segundo dijo que lo hará por medio de un escrito que hará llegar al despacho.

En un documento, la Sala había explicado en febrero que ese contrato fue suscrito entre el departamento del Cesar, por medio de su secretario general, Jaime Luis Fuentes Pumarejo y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, representado por María Angélica Noguera y conformado por la Fundación Kabala.

“La prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del programa de alimentación escolar PAE”, por valor de $ 17′145.105.000 con un plazo de ejecución de 59 días calendario, dice el objetivo del contrato

Asimismo, la Corte consideró que se demostró que esa suscripción se adelantó, sin que se cumplieran los requisitos legales: “fue el medio idóneo para que terceros se apropiaron de recursos públicos”. En consecuencia, “el contrato tuvo importantes sobrecostos, lo cual le generó al contratista un beneficio económico”.

“A juicio del ente acusador quedó claro, es el precio de referencia de los alimentos que debió fijarse de acuerdo con la educación o abastecimiento de estos, para lo cual debieron contemplarse los del mercado nacional, según lo señalado en los estudios del sector que es ley del contrato”, añade.