Las otras hipótesis que explican el tenso clima político en Tuluá, a tan solo un mes de las elecciones a la Alcaldía

Una reportera asegura que se siente dolida y con tristeza por lo que está sucediendo con su ciudad, Tuluá: la reciente violencia contra los medios de comunicación, las amenazas a los periodistas, los atentados contra un candidato a la alcaldía a quien ningún comunicador puede nombrar: Gustavo Vélez.

— La gente lo tiene claro: eso obedece a la campaña a la alcaldía. Como tulueña me siento mal por la imagen que se está mostrando hacia afuera, es como si estuviéramos en una guerra cuando la cotidianidad de la gente es distinta. La Feria de Tuluá no fue noticia por ese ambiente político que se ha generado. Hay problemas de seguridad, pero como los hay en todo el país. Es el manejo político y lo que está pasando con la campaña a la alcaldía lo que le está haciendo daño a la ciudad. La gente aquí lo tiene claro: el ambiente tenso que se muestra en los medios nacionales es por la política.

Una académica radicada en Tuluá hace cinco años dice que incluso, la cotidianidad de la ciudad es más tranquila que la de capitales como Cali. Ella asegura caminar por el centro de Tuluá hablando por celular sin miedo a que la roben. En su carro, conduce con los vidrios abajo. Su vehículo lo estaciona en la calle sin temor a que le hurten los espejos.

— Son cosas que no puedo hacer en cualquier ciudad. En Tuluá la gente en su día a día vive tranquila, sin desconocer que hay problemas. Pero el miedo lo siente más la gente de afuera que quienes vivimos aquí, por lo que han mostrado los medios-.

Según la más reciente encuesta de percepción de seguridad realizada por Tuluá Cómo Vamos, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 – cuando el ambiente político no estaba tan caldeado– el 66% de los ciudadanos afirmó sentirse seguro en sus barrios. La percepción bajó cuando les preguntaron por el municipio en general: el 41% dijo sentirse seguro. Cuando les preguntaron si habían sido víctimas de algún delito en el último año, o si algún miembro de la familia lo había sido, el 82% afirmó: no.

— El impacto mediático negativo ha hecho que se dimensione mucho más allá de lo que es la situación en Tuluá. Tenemos complejidades, pero se viene trabajando desde la institucionalidad. La invitación también es a mostrar lo positivo, Tuluá es una ciudad con un empresariado fuerte (10.800 compañías registradas) que genera empleo para el centro del Valle, tenemos impactos en 13 municipios. Es la capital del centro del Valle y tenemos bondades de competitividad – dice Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio.

Marco Arbeláez es uno de los candidatos a la alcaldía. Asegura que no es cierto que no se pueda hacer política en la ciudad como se ha insinuado.

— Aquí hay barrios muy complejos, es cierto. Están La Cruz, La Inmaculada, La Playita, El Paraíso, pero yo hago recorridos en todos los rincones de Tuluá y jamás me han amenazado.

El único candidato que no sale a la calle a hacer campaña en Tuluá es Gustavo Vélez. Ya fue alcalde entre 2016 y 2019. Asegura estar amenazado por la banda La Oficina. Vélez dice que durante su alcaldía combatió a estos grupos con la fuerza del Estado y que por eso no quieren que él llegue de nuevo al poder.

Sin embargo, hay otra versión. Un analista político que pidió la reserva de su identidad aseguró:

— Gustavo Vélez no está amenazado por política, sino por deudas. Los atentados que le han hecho (se cree que son llamados de advertencia para que pague) los está aprovechando como estrategia electoral. Pero lo cierto es que tiene deudas con gente con la que no se debe tenerlas, gente peligrosa. Y ha utilizado esto como mecanismo de victimización de la campaña. La familia Vélez tiene una empresa de proyectos inmobiliarios. Y varios de esos proyectos están abandonados. Uno de ellos es Arboleda, frente al Club Campestre. Mucha gente invirtió allí y el proyecto sigue abandonado. Vélez tiene deudas y ha sido irresponsable con la ciudad en el ejercicio político al atribuirle las amenazas a su candidatura.

Gustavo Vélez responde con vehemencia. Dice que él es un ingeniero civil que jamás ha tenido nexos ni negocios con organización criminales. Y que llegó a la Alcaldía de manera independiente, representando un grupo ciudadano.

— No me estoy haciendo pasar como víctima cuando le tiran una granada a mis padres, o cuando me quemaron unas máquinas el año pasado. Nosotros estuvimos en la alcaldía luchando contra los actores delincuenciales. Por eso no quieren que llegue por segunda vez.

Sobre el proyecto inmobiliario Arboleda, asegura que está abandonado debido a las amenazas, esta vez a los trabajadores. Desde julio no hay obras.

Los contradictores de Vélez agregan que hay dudas sobre el manejo de los recursos públicos en su alcaldía, y mencionan una empresa: Aspressa. Es la Asociación Sindical de Prestadores de Servicios Generales, que contrató con el municipio – cuando Vélez era alcalde de Tuluá – cerca de 50 mil millones de pesos. Aspressa surgió en 2015, un año antes de ser elegido al calde, por sugerencia del mismo Vélez.

— Aspressa fue una agremiación sindical que se constituyó en 2015 por unas personas a las que les dije que buscaran la manera de garantizar que la gente que se contrataba a través del municipio, tuviese los derechos laborales pagos. Y ese trabajo lo hizo Aspressa. Su representante legal era Jorge Alberto Castaño, cuando vivía. Generaron unas conciliaciones de seguridad, de oferta laboral y de cumplimiento de esas obligaciones laborales, pero nunca hubo una investigación por malversación de fondos – dice Gustavo Vélez.

En 2019, la Contraloría ordenó abrir una investigación por el caso Aspressa. Las dudas sobre todo las generó la cercanía de Gustavo Vélez con el representante legal de la empresa en su momento, Jorge Alberto Castaño, a quien Vélez le mostró su apoyo cuando Castaño se lanzó a la Alcaldía. También generan dudas la alta contratación del municipio con dicha empresa, a lo que Vélez responde que no es delito.

— Lo que constituye un delito es que no se hayan ejecutado los recursos que se contrataron con Aspressa y sí se ejecutaron. La Fiscalía investigó y no pasó nada. Hoy no existe una investigación relacionada con eso. No hubo corrupción. Me han hecho más de 100 denuncias y ninguna ha sido fallada en contra mía. Hay un proceso en la Procuraduría actualmente y deben haber otros, tendremos que defendernos. Pero no ha habido una sola investigación que determine un acto de corrupción en mi alcaldía – insiste Vélez.

El caso al que hace mención en la Procuraduría es reciente. La entidad le formuló pliego de cargos por presunta extralimitación de funciones: se habría incluido a personal ajeno a la Alcaldía de Tuluá como integrantes de una comisión de acompañamiento para un viaje a Perú de estudiantes beneficiarios del incentivo ‘Ser pilo enamora’.

— Sobre eso hay todo tipo de denuncias. Que por qué llevamos al jefe de prensa del municipio al viaje. Pero la ley es clara, si un contratista del Estado debe cumplir una función porque lo exige la entidad territorial, la entidad territorial debe cubrir los costos de esa persona. El viaje a Perú era un programa en el cual se llevaban jóvenes con rendimientos estudiantiles superiores, y eso lo cubría el jefe de prensa del municipio, entonces iba a hacer su tarea y por eso tenía que viajar. En el tema del concejal que viajó, es el Concejo el que aprueba los gastos de operación del municipio. Entonces al viaje fue un conejal, pero eso no constituye nada fuera de la ley. Es un proyecto que se financiaba con recursos propios del municipio y lo que se quería era garantizar de manera transparente cuál era la función que se desarrollaba y por eso en el momento se invitó a un concejal – comenta Vélez, quien, de otro lado, acusa al actual alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, de tener vínculos con organizaciones delincuenciales.

— El alcalde que hizo alianzas con los grupos criminales. Y esa alianza ha llevado hoy a que estos grupos copen espacios en todos los sectores de la función pública, del comercio y de la vida diaria de Tuluá. Hoy estos grupos criminales andan como ‘Pedro por su casa’. Hasta hace tres meses no se había dado un solo pronunciamiento en contra de lo que estaba sucediendo en Tuluá por parte del Alcalde. Y hoy lo que estamos recogiendo es el clamor de la ciudadanía tulueña frente a una situación crítica que estamos viviendo.

Gustavo Vélez viene denunciando una ‘cartelización’ de productos en la canasta básica familiar en Tuluá: comerciantes de cebolla, hasta del plátano, los huevos, el pollo, tendrían que pagar extorsiones. Hace una semana atentaron contra un empresario de la carne.

Un analista político asegura que es muy extraño “el ejercicio de omisión” de la Alcaldía frente a la acción de bandas como La Oficina en esa cartelización de los alimentos. “Eso genera dudas”.

En Tuluá, las denuncias por extorsión aumentaron casi un 100% en 2022 frente a 2021. Mientras que en 2021 fueron 62 denuncias, en 2022 saltaron a 119. Muchas de las extorsiones se hacen desde la cárcel. Este diario buscó al alcalde para hablar del tema y las acusaciones en su contra, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible concretar una entrevista.

Mientras tanto, los reporteros de Tuluá anhelan que las elecciones pasen y puedan, de nuevo, hacer su trabajo con normalidad. Algunos decidieron cerrar sus publicaciones después de que recibieran amenazas por el manejo informativo de la campaña electoral.

— Nos dicen: publiquen esto o lo otro. Hasta nos piden evidencias de lo que tenemos que publicar. Como si fueran un cliente. Y a raíz de que un grupo nos estaba obligando a publicar, otro grupo salió diciendo que debemos hacer lo mismo en contra de otros candidatos. Los reporteros sí tenemos miedo. Pero todo el mundo sabe que eso es un trasfondo político, una estrategia política. Nos metieron a un baile maluco. Es la primera vez que nos pasa en una campaña a la alcaldía– dice un periodista que pide la reserva de su nombre.