Nuevo revés para la Rama Judicial por incumplimiento del contrato para el almacenamiento de archivo

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá se pronunció en favor de la Innpacific SAS, la empresa que ha inició una batalla jurídica contra la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá por el intento de desconocer un contrato mediante el cual esa misma entidad le adjudicó en diciembre del 2020 el transporte y almacenamiento del archivo físico de la entidad hasta el 31 de julio del 2026.

La titular de ese despacho, que en septiembre del 2024 había ordenado ya el embargo de las cuentas de la Rama Judicial en los bancos Agrario y Popular por este mismo caso, ordenó el pasado 28 de febrero que se libre mandamiento de pago en favor de Innpacific SAS y en contra de la Nación, la Rama Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá por el pago de seis facturas pendientes al 18 de noviembre del 2024 en el marco del contrato de arrendamiento número 354 de 2022 y por valor de $1.489 millones.

Igualmente, el Juzgado Segundo Administrativo libró mandamiento de pago en favor y en contra de los mismo actores por concepto de intereses moratorios “causados a partir del día siguiente a la fecha plazo de pago de cada una de las facturas, a una tasa del 12% efectivo anual y hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación”, señala la providencia.

Recientemente, la Contraloría General de la República había advertido sobre un posible entramado en el que la entidad que administra los recursos de la Rama Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, habría incurrido en presunta gestión fiscal antieconómica, inobservancia de decisiones judiciales, deficiencias en la elaboración de estudios, doble contratación y falta de planeación en un intento por desconocer un contrato firmado en el 2022.

Así lo relacionó en sus hallazgos el ente fiscal al revisar los dos contratos por $10.620 millones firmados entre la Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas con la empresa Innpacífic en diciembre del 2022 para el transporte y almacenamiento del archivo físico de la entidad hasta el 31 de julio del 2026.

La Dirección de Administración Judicial de Bogotá, en cabeza de José Camilo Guzmán Santos se ha negado a reconocer el contrato por supuestos incumplimientos, mientras Innpacific SAS aseguró recientemente que hubo un interés de Guzmán Santos por entregarle ese mismo contrato a otra empresa.

Reiteran las medidas cautelares

De nuevo el 14 de marzo pasado, en lo que significa un nuevo revés para la Rama Judicial, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá se pronunció frente al caso y ordenó mantener las medidas cautelares en favor del contratista y realizar mandamiento de pago mediante depósito judicial por $1500 millones.

Igualmente, determinó el Juzgado Segundo Administrativo, “dar cumplimiento al numeral segundo del auto del 6 de septiembre de 2024, en el que oficia a los gerentes del Banco Agrario de Colombia y Banco Popular, para que procedan a realizar el embargo y retención de los dineros, los cuales deben ser consignados dentro de los tres (3) días siguientes a órdenes de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No. 252692045102 del Banco Agrario de Colombia”.

Por último, advierte a las partes la juez Marla Julieth Julio Ibarra que “la medida de embargo y retención, sólo se extiende a los productos financieros que estén eximidos de la condición de inembargabilidad”.