Daniel Ortega confisca bienes de la universidad UCA; estudiantes protestan

La situación en Nicaragua se está deteriorando de manera preocupante debido a las políticas implementadas por el presidente Daniel Ortega. Recientemente, el líder ordenó la confiscación de los activos pertenecientes a la Universidad Centroamericana (UCA), una de las instituciones académicas más influyentes en el país.

La medida tomada por Ortega, según informaciones del portal Alerta Mundial, se fundamenta en acusaciones de terrorismo contra la universidad. En consecuencia, el mandatario decidió expropiar todos los recursos materiales y financieros de esta institución. Aunque la universidad no se ha pronunciado oficialmente, varios de sus líderes han optado por abandonar el país.

Es esencial recordar que la UCA fue el epicentro de algunos movimientos contrarios al gobierno de Daniel Ortega, especialmente durante las protestas ocurridas en 2018. La semana pasada, este conflicto escaló con la revocación de la acreditación de la universidad y la congelación de sus cuentas bancarias. Ahora, surge esta triste noticia de la confiscación de los bienes por parte del gobierno nicaragüense.

Diversas organizaciones y grupos estudiantiles de Nicaragua expresaron su alarma ante la decisión del Gobierno de congelar las cuentas bancarias de la universidad jesuita. Seis movimientos estudiantiles, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense, emitieron un comunicado conjunto en el que respaldan firmemente a la UCA frente a las acciones represivas ejecutadas por la administración de Ortega.

Estos grupos estudiantiles consideran que las medidas adoptadas violan los derechos fundamentales de los estudiantes y el personal académico, al tiempo que buscan restringir la autonomía universitaria. En su opinión, estas acciones, basadas en cargos infundados de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, carecen de base y forman parte de una estrategia para sofocar la disidencia y silenciar las voces críticas.

La situación en Nicaragua continúa generando preocupación debido a las acciones del gobierno de Daniel Ortega, que han llevado a la confiscación de activos de la Universidad Centroamericana y a una creciente represión contra la disidencia estudiantil y académica.

El canciller Álvaro Leyva citó a León Fredy Muñoz

Tras la polémica participación del embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, en una marcha sandinista a mediados de julio de este año, el canciller Álvaro Leyva citó al funcionario en Bogotá. A punto de conocer el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya en el caso que mantiene a Colombia en disputa con Nicaragua, el embajador fue señalado de exaltar el régimen de Daniel Ortega.

La Cancillería adelanta una investigación de control interno por las actuaciones de Muñoz y tendría que cumplir una cita en Bogotá este martes 11 de julio para responder al Gobierno por los cuestionamientos que lo rodean.

La celebración en la que participó el embajador colombiano fue el pasado 7 de julio por la conmemoración de los 44 años de la revolución sandinista en Nicaragua. Durante la caminata en la ciudad de León, se le vio con trajes alusivos a ese movimiento de izquierda, como la pañoleta roja y negra en el cuello y la gorra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que lidera el actual presidente de ese país, Daniel Ortega.

La celebración del embajador colombiano de la revolución sandinista en ese país no solo generó controversia en Colombia, sino también en el panorama internacional. “Ojo. El embajador de Colombia en Nicaragua estaba celebrando los crímenes de Daniel Ortega en la Caminata 44/19. El Artículo 41 de la Convención de Viena señala que los diplomáticos no deben ‘inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado’ y mucho menos en temas políticos”, dijo el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas.

El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura crítica en contra de Muñoz y calificó como “inconcebible que el embajador del Gobierno Petro aplauda una revolución marxista y sangrienta”. “Es un grave insulto a todos los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas”, señaló el legislador.