Funcionarios de USAID entran en licencia administrativa por orden de Trump de cerrar misiones de cooperación

Todo el personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) será puesto en licencia administrativa a partir del viernes 7 de febrero, incluidos los funcionarios desplegados en el extranjero, según un documento publicado por la entidad en su página web este martes (4) por la noche.

La decisión fue tomada luego de que el magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo y polémico asesor del presidente Donald Trump que tiene como tarea reducir el gasto gubernamental, revelara el lunes que Usaid, entidad que gestiona miles de millones de dólares en cooperación en todo el mundo, “cerrará”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, precisó posteriormente que no desaparecerá, pero que ahora pasará a estar bajo su control, ya que Estados Unidos no hace “caridad”.

Desde entonces, decenas de altos funcionarios de Usaid ya habían sido puestos en baja laboral y el acceso a la sede principal de la agencia en Washington fue bloqueado.

“El viernes 7 de febrero de 2025, a las 11:59 p.m., todos los empleados directamente contratados por Usaid serán puestos en licencia administrativa en todo el mundo”, con excepción del personal considerado esencial, según la nota publicada en internet.

Los trabajadores desplegados en el extranjero y sus familias disponen de 30 días para regresar a Estados Unidos, añade el memorando, sin dar más detalles.

La decisión ha sorprendido y conmocionado a la agencia independiente, creada por una ley del Congreso estadounidense en 1961 y que cuenta con un presupuesto de más de 40.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y el desarrollo en todo el planeta.

La agencia emplea a unas 10.000 personas, dos tercios de las cuales están destinadas en el exterior, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.

En Colombia se verán directamente afectadas varias financiaciones a procesos fundamentales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Precisamente, el presidente de dicha corte, Alejandro Ramelli, comentó que la entidad recibe alrededor de $15.000 millones y que “si no hay esos dineros, no se puede investigar a las Farc”.

“Insisto, ojalá esa decisión sea algo provisional. Es un periodo de 90 días de análisis. Yo confiaría en que esa decisión pueda revertirse”, dijo, al tiempo que destacó la importancia de los fondos de cooperación internacional en la recolección de pruebas y la garantía de derechos de las víctimas.

*Información de AFP.