¿Amenaza patrimonial a la CVC?

Sin que muchos vallecaucanos nos percatáramos, la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 235, “por medio del cual se prohíbe la participación accionaria de las corporaciones autónoma regionales -CAR-, en las empresas de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

El articulado asume que las CAR están incursas en un conflicto al ser autoridades ambientales y propietarias de acciones en empresas de servicios públicos, y aunque el texto pretende reforzar la acción institucional de las corporaciones regionales les da un año para ceder la participación accionaria sobre las empresas de servicios domiciliarios.

La transferencia forzosa tendría que hacerse a los entes territoriales o municipios en los cuales aquellas compañías prestadoras tengan actividades. Ahora bien, como el artículo habla de ‘ceder’ las acciones y no contempla ningún tipo de compensación a cambio, es de presumir que se producirá una extracción patrimonial de las corporaciones afectadas.

No es difícil imaginar que el proyecto en su versión actual puede afectar de manera grave el patrimonio y estabilidad de nuestra CVC. Esta se vería privada del rentable paquete accionario que posee en Celsia Colombia S.A., siendo destinatarios del regalo los municipios en los cuales esta organización innovadora y eficiente despliega su actividad. La CVC quedaría así huérfana de los dividendos cuantiosos que hoy recibe y le han permitido funcionar libre de afugias económicas, mientras entidades municipales del Tolima y otros departamentos, recibirían una lotería cuya boleta no compraron.

Para resumir, este proyecto impacta la región y conviene analizarlo detenidamente:

Si van a exigir que las corporaciones regionales se despojen de las acciones en compañías del sector servicios es necesario garantizar que ese traslado proceda en condiciones de mercado, se les pague el valor real y les permitan reconformar su portafolio con participación en otras empresas del mundo productivo.

No sería justo que la falta de flujos que el proyecto le crea a la CVC deba ser asumida por los vallecaucanos mediante ajustes de tasas u otras contribuciones. Precisamente la región con su esfuerzo propio impulsó durante décadas la formación de un patrimonio por parte de la corporación regional, ello en la idea de que su funcionamiento contara con otros ingresos y fuera posible morigerar el crecimiento de las contribuciones medioambientales. El cometido fue logrado al producirse la escisión de los componentes ambientales y de generación eléctrica de CVC lo que hizo posible formar un fondo patrimonial accionario que debería permanecer blindado para asegurar su sostenibilidad.

El proyecto de Ley no resuelve el conflicto entre las CAR y los nuevos dueños de la participación accionaria. Ello es así porque los alcaldes de los municipios receptores de las acciones tienen representación por ministerio de la ley en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Por eso se deberían considerar otros mecanismos como las estructuras fiduciarias, para resolver un conflicto que más parece hipotético.

A las llamadas fuerzas vivas y parlamentarios regionales les corresponde apersonarse de esta iniciativa bien intencionada, pero cuyas implicaciones en su versión actual, afectan los intereses del Valle del Cauca.