¿Será justicia contra Uribe?

Hay muchas cosas repudiables: la injusticia es la primera. Tal vez el mayor crimen que pueda cometer un hombre es lograr la condena, a sabiendas, de un inocente. Ocurrió por ejemplo contra Dreyfuss a finales del Siglo XIX, a quien a sabiendas de su inocencia condenaron a prisión en la Isla del Diablo y solo después de muchos años, bajo la pluma y el verbo de Emile Zola con su famoso ‘J’Acuse’, se corrigió la injusticia depravada y se absolvió al inocente, quien pocos meses después falleció por la enfermedad que había contraído en el injusto cautiverio.

La política ha hecho posible que aquí se cometa una injusticia abismal contra el señor expresidente de la República Álvaro Uribe, orquestada por mentiras y publicaciones de los medios -especialmente la red social- y por un personaje funesto, valiéndose de su condición de senador, al que todos vimos con cámaras visitando prisioneros y ofreciendo dineros.
A la mujer del acusador Monsalve le obsequiaron una valiosa finca en el Quindío, y nadie ha dicho nada. Estratégicamente buscaron magistrados y lo peor de todo es que esas personas sin conciencia que acusaban, se convirtieron en víctimas por artes de birlibirloque.

Conozco en su intimidad jurídica tales detalles y por eso los abomino y denuncio. He litigado toda mi vida y sé que no puedo ir a buscar a un testigo de la contraparte sin quebrantar la ley, que parece no existiera para el mamerto camuflado señor Cepeda. Fue puesto el ojo como un objetivo militar en el expresidente y han logrado, a base de embustes e ignominia, desdibujar su imagen y golpearlo. Como si fuera Dreyfuss. No, no estoy mintiendo. No se hacerlo. Son muchos mis escritos desde el ámbito del derecho penal en los que con documentos procesales he hecho ver el atropello de la Ley.

Uribe desesperado ante la jauría, movido por los mejores abogados del país, interpuso una tutela cuando la juez que recibe el proceso después del envío por competencia hecho por la Corte Suprema -posterior a la renuncia al senado de Uribe- llega a sostener que la indagatoria que éste rindió -con base en la Ley 600 de 2000- tenía el equivalente ante la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento penal vigente- de una imputación de cargos. Ese es un adefesio jurídico muy peligroso, porque la indagatoria se puede pedir aún como un medio de defensa. En cambio la imputación significa que se declara al procesado autor de un ilícito y es allí donde se inicia la etapa del juicio de responsabilidad.

La tutela llegó a la Corte Constitucional y allí se adujeron estos mismos postulados jurídicos, entre ellos por quien había sido su presidente, doctor Alberto Rojas Ríos y aún por el actual, doctor Antonio José Lizarazo. Y contra las voces jurídicas y constitucionales de cuatro magistrados, los otros cinco fallaron que la indagatoria sí era igual a la imputación (¡¡!!).

El magistrado Rojas Ríos salvó voto argumentando que “la Corte ha debido conceder la tutela” y señaló que “la decisión mayoritaria ha borrado de un plumazo el debido proceso clásico liberal que tanta sangre ha costado de la ordalía o juicios de Dios a la Inquisición hasta nuestros días y fractura lo que aun nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna.

“Se desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino con ‘la observancia de la plenitud de todas las formas propias de cada juicio’”.

Sí, pasaron por encima sobre la ley, como vencedores. Como vencedores también quedaron Cepeda, Petro, el perdigón de la escopeta Montealegre y la señora de Monsalve con su finca. Que el país lo sepa bien, porque al final, la justicia tiene que imponerse sobre la bellaquería.

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