Del anuncio a la acción

Recuperar el que, sin duda, es el mayor patrimonio ambiental de Cali y del Valle no admite más demoras ni soluciones a medias. Por ello, la llegada de cien efectivos de la Policía así como la presencia en simultáneo de la gobernadora Dilian Francisca Toro y del alcalde Alejandro Eder en el Parque Natural Nacional Farallones debe tomarse como un mensaje contundente a quienes atentan contra la reserva ecológica y alteran la tranquilidad de sus comunidades.

El fin de semana anterior, en inmediaciones de los Farallones de Cali se realizó el tercer Consejo de Seguridad Ambiental con la participación de las autoridades regionales y nacionales, incluidos los mandatarios del Departamento y de su capital. En la reunión se presentó al nuevo pie de fuerza que, junto con el Batallón de Alta Montaña del Ejército que opera en la zona, asumirá la lucha contra las actividades ilícitas que se realizan en Parque y ponen en riesgo las 189.000 hectáreas que conforman la más rica reserva natural de esta parte del país.

La minería ilegal se convirtió desde hace años en el enemigo acérrimo de los Farallones, primero manejada por pequeños grupos de poblaciones llegadas desde otras zonas del país y después por las mafias que detectaron el rentable negocio de extraer oro de forma ilícita. Según informes de inteligencia, ahora serían las disidencias guerrilleras las que se habrían apoderado de tal actividad, que utilizarían además para lavar dineros provenientes del narcotráfico, en una red que involucraría incluso a empresas exportadoras legalmente constituidas.

Aunque el problema y sus graves consecuencias están diagnosticados de tiempo atrás, hasta ahora ha sido imposible acabarlos de raíz. Si se cierra una bocamina, a los días aparecen ocho nuevas. Si hoy se destruye la maquinaria amarilla utilizada para la extracción ilícita, en menos de una semana llegan cinco más. Si en los operativos se captura a cinco responsables, en un santiamén quedan en libertad. Nada, hasta ahora, parece funcionar para que se garantice la protección del Parque Natural.

Así es como se han puesto en riesgo los nacimientos de agua que se convierten en los 30 ríos que abastecen a Cali, al sur del Valle y al norte del Cauca. En las fuentes hídricas y en los suelos de los Farallones se han encontrado hasta 31 partes por millón de mercurio -el material contaminante que se utiliza para la explotación minera y que está prohibido en Colombia-, cuando el límite máximo para que no cause daño es de 11 partes por millón, según la Organización Mundial de la Salud. En peligro están las poblaciones cercanas y también la biodiversidad que habita en los diferentes ecosistemas de la reserva ambiental.

El contingente de nuevos policías que custodiará los Farallones deberá mostrar rápidamente resultados. Sobre todo, es necesario garantizar su continuidad, como parte de una estrategia a largo plazo que permita proteger y brindarle seguridad al Parque Nacional. Ya no bastan los anuncios, ni las fotos, ni las promesas cuando se trata de preservar el patrimonio natural más importante que tienen Cali y el Valle del Cauca. Es la hora de actuar con firmeza.