El caos licitatorio

Cuando el presidente Gustavo Petro dijo en el discurso de instalación del Congreso que su gobierno ha sido eficiente, provocó una carcajada que por lo estruendosa debió incluir congresistas de los partidos de gobierno. El senador opositor Miguel Uribe Turbay le dijo al presidente que estaba describiendo un país inexistente.

El mal de Petro no es exclusivo suyo, aqueja a todos los gobernantes que tienden a percibir el país en términos poco realistas, desde la ansiedad de ver sus programas de gobierno en algo realizados. Lo patético de Petro es que salga con una declaración tan grandilocuente en el mismo año en que ha cambiado a varios ministros porque no han ejecutado el presupuesto asignado, en que ha dicho que la falta de ejecución se debe a que la nómina pública está llena de duquistas y uribistas que se oponen al cambio, y cuando ha convocado por lo menos un cónclave con los ministros para revisar por qué no avanzan en la ejecución de los programas. La alienación del presidente no es solo sobre la realidad en general, ni se trata de una negación a aceptar los hechos que le señalan sus opositores, sino que va en contra de sus propios actos y palabras.

En la administración pública hay un punto en que se encuentran las ideas generales del plan de gobierno con los instrumentos concretos y los recursos específicos para ponerlos en marcha. Ese punto es el de la contratación pública. Se trata de ser potencia de la vida (Petro), de tener futuro para todos (Duque), trabajar todos por un nuevo país (Santos), lograr el desarrollo para todos (Uribe), etc., al final debe traducirse en algún tipo de contrato que irrigue los recursos de los proyectos que harán realidad los propósitos abstractos.

Pues bien, en los últimos meses desde el mismo gobierno se han encargado de suspender o revocar procesos contractuales a unos costos enormes y con unos riesgos legales gigantescos. El más sonado es el de los pasaportes y cédulas de extranjería, pero no es el más grave.

En términos del impacto sobre áreas de desarrollo en las que el gobierno dice estar interesado, se han suspendido las licitaciones para seleccionar el operador de salud de los maestros, la de las escuelas digitales de MinTIC, la plataforma e-learning del Sena, la modernización de las radio ayudas de los aeropuertos de Bogotá, Cartagena y Rionegro por la Aerocivil, para mencionar los más recientes.

Volver a arrancar un proceso de contratación pública no es fácil ni rápido, de manera que las posibilidades de que esas contrataciones no salgan en este gobierno y las necesidades queden desatendidas no son pocas.

Otra cosa es a qué obedece esta cascada de licitaciones suspendidas y revocadas.

Obviamente hay defectos en el diseño que hizo el gobierno, que terminaron en estructuraciones vulnerables a los cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación.

El presidente se está quedando sin fusibles y pocos funcionarios están dispuestos a asumir los riesgos legales de licitaciones chapuceras, menos cuando en Colombia los delitos por violar la ley de contratación pública prescriben en 18 años. Si Petro no tuvo conmiseración con su propio hijo (“no lo crié”), es difícil imaginar qué funcionario merecería su solidaridad.

Los funcionarios recibirán cada vez más presión no solo porque se trata de su propia función, para eso los nombraron, para hacer contratos mediante los que se ejecuten los planes; además será más apremiante la necesidad de contratar por la cercanía de las elecciones de 2026, ya sea para mostrar ejecución o distribuir recursos hacia los candidatos aliados del gobierno.