Movimiento anticorrupción

¡Por fin! Más de once millones de colombianos constituyen el movimiento político contra la corrupción, valga decir, contra esta nueva expresión del crimen organizado. No existe otra manifestación política más fuerte. Hizo bien -muy bien- el presidente Duque en recogerla y poner a todas las demás fuerzas políticas a concertar para encontrar el consenso que permita identificar las fórmulas más eficaces para devolverle a Colombia la integridad que alguna vez la caracterizó.

Hay varios esfuerzos coincidentes. La Consulta Popular no llegó sola. En Fedesarrollo venían elaborándose varias propuestas que pronto aparecerán en un libro. En la Universidad Externado llevaban dos años reflexionando y, en vísperas de la Consulta publicaron cuatro volúmenes sobre temas muy variados. El Fiscal General, bien pronto, ofrecerá sus propias reflexiones; y el Procurador General, ya ha presentado propuestas que han desatado interesante controversia. Y el Contralor publicó “grandes hallazgos”.

Recordemos la conclusión de los mejores expertos: no son las leyes ni la policía las herramientas más eficaces. Ante todo, lo clave es el papel de la ciudadanía. ¡Ya esta hizo una contribución formidable al darle vida a este movimiento anticorrupción, el domingo pasado!

Ahora se requiere que la legislación, siempre necesaria pero no suficiente, empodere verdaderamente a los ciudadanos para que ejerzan la veeduría y, con ella, la capacidad de prevenir y denunciar.

Los casos que más han golpeado a la opinión pública muestran que es mucho lo que una ciudadanía apropiadamente protegida y, con frecuencia, adecuadamente premiada, puede hacer para prevenir.

Por ejemplo, en lo referente a los programas de alimentación para los niños, contratos multimillonarios, ¿dónde estaban los rectores, los profesores, los funcionarios, los padres de familia…? Y en el departamento de Bolívar, en Cartagena, en Soledad, en Cota y en Bogotá ¿cómo han sido posibles estos descarados latrocinios a ciencia y paciencia de contralores, funcionarios, concejales, diputados, etc.?

Unos ciudadanos bien enterados sobre el papel que pueden jugar contra la corrupción, mejor protegidos cuando denuncian y ojalá bien premiados, pueden hacer la diferencia real, pueden mostrar la utilidad de las leyes y la eficacia de las autoridades. Porque las leyes por sí solas no tienen esa capacidad. Olvidar este factor determinante es crear nuevas frustraciones y más incredulidad y desconfianza en la opinión pública.

No sobra mirar la experiencia reciente de países que han introducido nuevas estrategias contra la corrupción. El caso quizás más relevante es el del gobierno saliente de Peña Nieto en México. Durante tres años se trabajó en un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que incluyó reformas constitucionales, creación de agencias y comisiones y, bien pronto, algunos nombramientos le hicieron perder toda la credibilidad al mecanismo. A tal punto que buena parte de la campaña de López Obrador, el presidente que se posesionará el primero de diciembre, fue contra la corrupción. Y recientemente divulgó cincuenta puntos sobre el tema. En mi perspectiva, no muy convincentes.

Sería deplorable que nuestra formidable oportunidad se diluyera en una montaña de normas, sistemas de información, comisiones, ¡qué se yo! La experiencia desde el primer Estatuto Anticorrupción muestra la precariedad de estos esfuerzos.

Lo que debe prevalecer es una actitud propositiva muy crítica con respecto a lo que ha fracasado o no ha funcionado bien, con una mirada hacia las herramientas que han demostrado eficacia en el mundo y en Colombia.