Dilema del ciudadano

Dos presos, cómplices, van a un interrogatorio. A ambos les dicen que si confiesan queda libre y su coautor condenado a 10 años. Si los dos confiesan, la pena es de 6 años, y si ninguno confiesa, de un año. Lo mejor para ambos es no confesar, pero el interés propio y la duda de si el otro lo va a traicionar los lleva a confesar siendo condenados a una pena mayor.
De haber cooperado les habría ido mejor. Es el dilema del prisionero.

Algunos ciudadanos parecieran encontrarse en un dilema similar respecto al Gobierno, pues no saben cómo actuar. Hace carrera la tesis según la cual es mejor no contrariar al Presidente u oponerse a las reformas planteadas, aunque sean inconvenientes, so pena de que convoque al pueblo a las calles y destruya el orden constitucional, culpando al establecimiento de no permitirle realizar los cambios a los que se comprometió.

Quienes creen en esa tesis aseguran que lo acertado es ser en extremo prudentes y darle elementos al gobernante para que cambie o modere su posición, sin contrariarlo. Y sí, a ningún Presidente le ha gustado que lo critiquen y casi todos graduaron de enemigo a quien lo hizo. Los anteriores, sin embargo, nunca intimidaron con un levantamiento popular, un Bogotazo, si el Congreso no les aprobaba las reformas como ellos querían.

Infortunadamente el Jefe del Estado escucha de manera selectiva y no es dado a cambiar de opinión. En la reforma a la salud no le importó la opinión de cercanos colaboradores y no les dio valor a decenas de exministros de salud que solicitaron cautela. Lo que lleva a preguntarse sobre la efectividad de la tesis de la prudencia extrema. Por suerte, en el Gobierno hay altos funcionarios que escuchan y entienden razones; ojalá fueran más.

De tener asidero la tesis expuesta sería preocupante. Se leería como que el Presidente juró en vano cumplir la Constitución pues de lo contrario no debería existir temor a que acabe con todo. Ha dicho el mandatario que encuentra muchos obstáculos para lograr sus reformas, y tiene razón, pero así son las democracias liberales; incluyen, entre otras, una división de poderes para reducir el riesgo de que los gobernantes abusen del poder.

Pero hay otro asunto inquietante y que se infiere de la tesis: es tenue la línea divisoria entre la prudencia extrema y la autocensura, entre la advertencia amable y la amenaza. “Si acorralan al tigre, acaba con el país” repiten varios. No pareciera importar si el tigre quiere un Estado macrocefálico, lastimar la economía de mercado y cercenar libertades, propósitos con los que al menos la mitad de los colombianos tienen serias reticencias.

El Presidente está convencido, y en eso tiene razón, que se requieren profundas reformas sociales, apaciguar todos los tipos de violencia y detener la debacle climática. Y sí, son objetivos importantes, incluso urgentes; la discusión está en el cómo. No puede ser atropellando, destruyendo lo construido, descalificando de tajo la opinión contraria, existiendo la opción del diálogo y la del consenso sobre unas premisas fundamentales.

Es de esperar que la tesis discutida sea infundada pues pondría en entredicho el talante y el compromiso democrático del Presidente. También, que el mandatario escuche, pero no solo a los áulicos y radicales, e incluya a los que piensan distinto en la construcción de país. Y ojalá los ciudadanos se expresen tranquilos, libres, con respeto y franqueza, y cooperen entre ellos, no sea terminen -como en el dilema del prisionero- condenados y condenando al país a una pena mayor. El temor es respetable pero también peligroso.

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