Modelo ineficaz
Por más acuerdo de paz o reducción de penas, los incentivos para continuar al margen de la ley son poderosos.
Soñamos con un país en paz, sin tanta criminalidad. Colombia ha tenido períodos de alta y baja violencia, medida en homicidios. Desde la Independencia y en particular desde finales del Siglo XIX e inicios del XX, todos los gobiernos han lidiado con distintos tipos de violencia y los más diversos actores armados. La paz ha estado en primera línea de la agenda de prácticamente todos los gobiernos, sin perjuicio de cómo la han abordado.
El Gobierno Petro no iba a ser la excepción. Estaba cantado que el acuerdo con las Farc, distinto de lo que se prometió, no sería el fin del conflicto; era previsible que no todos lo acogerían y que otros desertarían, y que quedaba el ELN y organizaciones regionales dedicadas al narcotráfico. Era de esperar, más en un Gobierno de izquierda, indulgente, que negociaría con ellos. Otros habrían hecho lo mismo, al menos con el Eln.
Ojalá no tuviésemos un Eln militarmente fortalecido y enquistado en toda parte, unas Farc resucitadas y una variedad de clanes, todos dedicados a delinquir y a traficar. Es lo que hay, y con lo que se debe lidiar. La discusión está en el cómo. Hay cuatro caminos: combatirlos sin negociar, negociar al tiempo de combatirlos, negociar sin combatirlos y que ellos tampoco lo hagan y, negociar sin combatirlos, aunque lo sigan haciendo.
El Gobierno escogió negociar sin combatirlos, aunque ellos lo hagan; no combatirlos en lo militar y en lo judicial, pues las penas planteadas son ridículas. Mientras los diálogos con el Eln no pasan de fotografías de una amplia y fraterna delegación e inicia el debate sobre un último y perentorio sometimiento a la justicia, el Gobierno hace equilibrio en una cuerda floja, delgada y artificial, entre los que tendrían un fin político o mafioso.
Lo anterior ocurre mientras se suspende la erradicación forzosa de coca y cuando por la devaluación del peso las ganancias del narcotráfico son aún más jugosas. No es fácil que, en dicho contexto y cuando no se combate a las organizaciones criminales -aunque estas sí lo hagan- que vayan a dejar las armas y el negocio. Por más acuerdo de paz o reducción de penas, los incentivos para continuar al margen de la ley son
poderosos.
Habrá quienes se desmovilicen o no trafiquen más, pero pretender que desaparezca la violencia y el crimen, es fantasioso. Unos van a seguir delinquiendo y entre los que se acojan a un nuevo acuerdo o al sometimiento, muchos volverán al monte o mantendrán vínculos con la ilegalidad. Y al igual que las viejas Farc, no reconocerán toda su fortuna. El Eln, las Farc y los clanes, que brotan como maleza, saben que nada pasa si mienten.
Así es, porque el narcotráfico es un negocio muy lucrativo. El espacio que unos dejan lo llenan otros; así ha sido y será. Es cuestión de tiempo para que el país esté en el mismo dilema, con otro agravante: a las Fuerzas Militares y de Policía y a la Fiscalía, les tocará empezar de cero a identificar a los nuevos capos, sus redes, dónde están y cómo operan, y a judicializarlos. Pareciera más lógico combatir con contundencia a los conocidos.
La violencia y la criminalidad que perpetran el Eln, las Farc resucitadas y los clanes, continuará, con o sin ellos. Es así, porque nadie cree en los ultimátum de los Gobiernos. Esos grupos saben que, si no les dan ahora lo que pidan, otros lo harán. Por eso siguen secuestrando, extorsionando y asesinando. Son conscientes de que en Colombia todo se volvió negociable, que el sometimiento no es de ellos hacia el Estado, sino del Estado hacia ellos y, que este modelo, a mediano plazo, no es eficaz, aunque se juegue a que sí.
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