Incontinencia regulatoria

En junio pasado el congreso expidió una ley que fue objetada por el presidente Duque en tres de sus nueve artículos, es decir el gobierno considera que la tercera parte de la ley quedó defectuosa incluyendo el objeto que definía su alcance. Lo curioso es que se trataba de un proyecto liderado por los partidos Conservador, Centro Democrático, La U y Mira que son de la coalición de gobierno, aunque sus bondades concitaron el apoyo de los demás partidos.

Su origen era un trabajo de mucho tiempo que empezó bajo el liderazgo de Germán Vargas Lleras: darle algo de racionalidad al sistema legal colombiano declarando la pérdida de vigencia por varias razones de casi 10.000 normas que se habían expedido desde 1869, incluyendo una muy ofensiva y humillante de 1874 que decía: “Prohíbese la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano”. La publicación de los 9 artículos del proyecto de ley aprobado ocupó 291 páginas del diario oficial que contenía el listado de las normas. Así de grande era el problema.

Lo que desató las objeciones fue que entre lo derogado se coló la Ley 600 de 2000 que rige la investigación y juzgamiento de delitos ocurridos antes del 2004 y los de los parlamentarios en cualquier tiempo. Habrá que ver si fue un mico o un error lo que motivó la andanada del propio gobierno contra una de las herramientas de racionalización normativa más importantes, que es expedir leyes que derogan leyes cuya vigencia ya no tiene sentido por cualquier razón.

Como muchos países del mundo Colombia está ahogada en un mar de normas de todo tipo de instancias que abonan la fertilidad de la corrupción en unos casos, la ineficacia del Estado o los enormes costos de conocimientos especializados en otros. Hay sectores donde la regulación es tan abstrusa que es necesario tener consultores muy especializados, como pasa en urbanismo, medio ambiente y licenciamientos de medicinas.

Siendo necesarias las regulaciones, la verdad es que lo que se ve es un sistema normativo tramposo y abstruso que frustra el propósito principal de la ley que es hacer predecibles las consecuencias de ciertos comportamientos y las formas y ritualidades para que las personas sepan cómo se definen esas consecuencias, desde las cesiones urbanísticas hasta las penas por delitos, se espera que estén definidas en normas claras en códigos sustantivos y procesales. La predictibilidad de los derechos legales se ha perdido más con la usurpación judicial del poder normativo del Estado en cabeza del Congreso y del Gobierno a través de decisiones que saltan desde acciones populares, tutelas y las poco ilustres sentencias ‘modulatorias’ de la Corte Constitucional que fragmentan el poder regulatorio en mil instancias de poder que le han hecho perder a las normas su más importantes virtud democrática que es la certeza, por eso lo que aquí llamamos ‘imperio de la ley’, en la tradición anglosajona es ‘rule of law’.

Phillip Howard llama a este problema la ‘ley de nadie’ en un ensayo titulado precisamente The rule of nobody. Un tema además políticamente capturado como discurso de la derecha en el que se esconden ya otros intereses, no de racionalización sino de desregulación para que impere sencillamente el más fuerte. Por desafortunado que haya sido el episodio de la ley de depuración normativa, es un problema que hay que enfrentar, pues es el reclamo central de los empresarios nacionales, para quienes el exceso regulatorio y la incertidumbre legal tienen tanta incidencia en la marcha de sus negocios como la estructura tributaria.