Incertidumbre venezolana

Pasados tres meses ya desde que los venezolanos acudieron a las urnas con el ánimo de elegir a quien ellos querían que fuera su próximo Presidente, el vecino país sigue sumido en la incertidumbre, luego de que, sin mostrar las pruebas que corroboraran su decisión, las autoridades electorales aseguraron que Nicolás Maduro se ganó el derecho a permanecer en el poder durante seis años más.

Incertidumbre combinada con desesperanza porque la posesión del Gobernante chavista el 10 de enero de 2025 parece ser una realidad, pese a que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, le mostró al mundo las actas que evidenciarían que el 28 de julio el candidato contrario obtuvo el 70 % de los votos.

Es que, pese a esa evidencia y a declaraciones tibias, la comunidad internacional ha frenado la presión que ejerció en los días siguientes a los comicios para que el Tribunal Supremo de Venezuela le demostrara a sus ciudadanos y al resto del mundo que las presidenciales no fueron objeto de fraude, como lo ha denunciado también el Centro Carter, una de las pocas entidades foráneas a las que se les permitió viajar a hacer veeduría de la jornada del pasado 28 de julio.

Otra situación igualmente grave que persiste tres meses después de los comicios es la persecución y la violencia contra quienes se atrevieron a protestar públicamente una vez se conocieron los resultados adversos a González: 2400 personas, entre ellas varios menores de edad, siguen detenidas en condiciones violatorias de sus derechos humanos.

De hecho, muchas de ellas están incomunicadas, mientras las autoridades se niegan a dar información sobre el paradero de otras, pero no han dudado en acusarlas de delitos de “terrorismo” o “incitación al odio”, los cuales les podrían significar recibir sentencias de entre 10 y 30 años de prisión, negándoles, claro, el legítimo derecho a la defensa.

Pero el riesgo mayor que están corriendo los presos políticos en Venezuela quedó en evidencia la semana pasada, cuando el cuerpo sin vida de Edwin Santos, miembro del opositor partido Voluntad Popular, apareció con cinco disparos, dos días después de haber sido “secuestrado” por tropas oficialistas.

Por eso preocupa que, faltando ya poco más de dos meses para que, según el cronograma electoral de Venezuela, el Gobernante chavista asuma el cargo que supuestamente ganó en las urnas, pareciera que la comunidad internacional hubiese desistido en su obligación ética de seguir exigiendo no solo la publicación de las actas electorales originales, sino también un trato digno para sus adversarios políticos, lo cual incluye la conservación de su vida y el derecho a un juicio justo.

Es el mismo silencio, que salvo contadas excepciones, guarda el mundo con respecto a las familias que todos los días caminan desde la frontera colombo venezolana rumbo al tapón del Darién, porque prefieren arriesgarse a morir juntos en la selva, en el intento de lograr llegar a México y Estados Unidos, que seguir siendo presa de un régimen que parece dispuesto a todo para perpetuarse en el poder.