La gente vive en las regiones

Iniciado el año 2024 y por consiguiente el mandato de los alcaldes y gobernadores en Colombia, es bueno recordar que su tarea fundamental tiene que ver con el presente y futuro de la población de sus respectivos municipios y departamentos que, como en otras partes del mundo, vive en la parte urbana y rural de las regiones. Esa es la principal razón para insistir, en el caso colombiano, en la necesidad de pasar de un Estado centralista, como desafortunadamente tenemos hoy, a un Estado de autonomías regionales, donde los gobernantes, como los otros poderes del Estado, tengan como prioridad una política en favor de los Derechos Humanos y bienestar de la gente, sin estar preocupados por las opiniones o cálculos políticos del gobierno central.

En ese propósito, considero que es un deber democrático del Presidente Petro, y de todos los integrantes de su gobierno, procurar una política de diálogo social en cada una de las regiones del país, con participación activa y propositiva tanto de los alcaldes y gobernadores como de sus habitantes.

Por mi experiencia como gobernador del Valle del Cauca, de 2004 al 2007, esa es la mejor política en favor del desarrollo de la figura de presupuesto participativo, donde, bajo el concepto de que “todos ponen”, los recursos públicos se incrementan y de paso se estimula una participación activa de los alcaldes y gobernadores con sus presupuestos en las obras que realmente son prioritarias para las regiones, como también el control y seguimiento de la ciudadanía en las obras contratadas.

Es posible que, en la Presidencia de la República y también algunos integrantes del gobierno central, consideren que los anteriores procedimientos los pueden llevar a perder soberanía de gobierno, lo que es falso. A ellos les digo que ese proceder es equivocado porque la gente está cansada de la política del “ordeno y mando” que, en mi opinión, para lo único que ha servido en Colombia es para que haya más desigualdades sociales y para fomentar la corrupción y los despilfarros, verdaderos aliados de la violencia y el terrorismo en Colombia.

Como una cosa es la Colombia formal y otra cosa muy diferente es la Colombia real, invito a que todos los gobernadores y alcaldes del país para que trabajen de manera coordinada en favor de una política de diálogo social, con participación de su población en cada uno de los respectivos municipios y departamentos, invitando siempre al Gobierno Nacional y respetando la diversidad política y social tanto de la población como de los propios gobernantes.

Esa manera de proceder con la gente y los gobernantes locales y regionales, junto con la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia y las desigualdades sociales, como también con el deber democrático de los gobernantes elegidos por voto popular de rendir cuentas anuales sobre sus principales logros: el estado de las finanzas públicas y la deuda externa e interna; los avances en salud, educación, cultura, deporte, empleo, seguridad y reconciliación ciudadana, en mi opinión, deben convertirse en los principales nortes éticos para las elecciones presidenciales del 2026 y el futuro democrático y de paz en nuestro país.