Entre el acato y la impugnación

En días anteriores, el ministro de Salud Fernando Ruiz afirmó que no acataría un fallo de tutela que le obligaba reinstaurar la toma de pruebas PCR a personas del exterior que ingresaban al país, al considerarla inconveniente, hecho que muchas personas celebraron afirmando que era un acto de valentía.

No obstante, estas personas olvidan que los fallos de tutela, al igual que la democracia, depende de que todos los ciudadanos, ministros incluidos, cumplan con el reglamento establecido en la carta constitucional. De esta manera el Ministro, al igual que los ciudadanos del país, puede impugnar una tutela si considera que su fallo es incorrecto, pero no podemos desconocer o decidir no acatar un fallo judicial.

El Ministro, al igual que los ciudadanos, puede afirmar que no está de acuerdo con lo que dictaminó un juez en su sentencia, y tiene el derecho de impugnarla ante una instancia mayor, pero tiene el deber de cumplirla a cabalidad. El Estado de derecho bajo el cual nos regimos exige que sus ciudadanos, independiente del cargo que ostenten, cumplan a cabalidad con el ordenamiento jurídico, y con ello con las sentencias que las cortes dicten. El balance de poder, característico de los regímenes democráticos, establece una división de poderes para evitar que una de estas ostente un poder exagerado. Sin embargo, al presidente Duque y algunos de sus funcionarios, se les ha olvidado, o han decidido ignorar esta división, y han decidido que acatarán las normas o sentencias, siempre y cuando estas los beneficien.

De lo contrario, afirmarán que existe en la Rama Judicial algún sesgo que les impide tomar decisiones imparciales, o que existen dentro de ellas una agenda nefasta para acabar con el país, para posteriormente insistir en la necesidad de una reforma jurídica que se ajuste a los intereses de unos particulares.

Pero lo más preocupante radica en el mensaje que el gobierno de turno le está enviando a la ciudadanía, que las normas o actos judiciales pueden ser ignorados, cuando uno no está de acuerdo con estas, en otras palabras, sacrificando la legalidad, principal lema de campaña presidencial de Iván Duque y su partido Centro Democrático, por la conveniencia.

De esta manera, el Gobierno no solo perderá legitimidad cuando hable del cumplimiento de normas, pues su accionar demuestra que solo acata las que le conviene, sino también autoridad cuando le exige a la ciudadanía que cumplan las normas. Puesto que, si el presidente, sus ministros, y el partido de gobierno no cumplen con la totalidad de las normas, ¿por qué ellos tendrían que hacerlo?

Un presidente de un país y sus ministros deben entender que sus acciones y palabras tienen consecuencias que, si ellos no acatan el ordenamiento jurídico, existe la posibilidad que la ciudadanía haga lo mismo. El presidente Duque y su gabinete deben entender que sus acciones repercuten en la ciudadanía, y si la cabeza del gobierno no cumple con las normas, los ciudadanos podrían seguir sus pasos.

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