Vacunas y patentes

La incertidumbre alrededor de la pandemia en la cual nos encontramos ha girado en torno a estimar cuándo se podría encontrar una vacuna o tratamiento para erradicar o tratar el Covid-19. Sin embargo, hay un aspecto importante el cual no ha sido lo suficientemente debatido por la comunidad internacional: cómo distribuir esta vacuna y cuál sería su costo.

Es importante tener en cuenta que actualmente, algunos epidemiólogos y/o políticos señalan que el desarrollo de una posible cura podría tardar entre 12 a 18 meses. No obstante, esta es una meta ambiciosa si se tiene cuenta que, históricamente, el desarrollo de las vacunas se han demorado como mínimo una década. Según un reporte del New York times del 21 de abril, la vacuna de la varicela se demoró 28 años, la del virus del papiloma humano 15 años al igual que el rotavirus. De esta manera, la meta de 18 meses es titánica.

Aunado a esto, al acelerar el proceso de investigación para encontrar un método de inmunización, existen una serie de riesgos importantes. Entre estos está la posibilidad de que, ante una persona ser inyectada con el virus, este mute en el cuerpo de la persona y pueda volverse más peligroso y letal. Usualmente, este tipo de riesgos son asumidos en una serie de ensayos clínicos que requieren de un mayor tiempo que el disponible en este momento.

Teniendo esto en cuenta, es importante también considerar que, de lograrse la meta de conseguir un método que pueda tratar, curar o prevenir el coronavirus, no existe ninguna garantía de que este pueda ser accesible a la población mundial. En un artículo de Foreign Affairs, Jennifer Hillman pone el ejemplo de la pandemia del VIH. En el año 2000, se dio la conferencia de Durban en Sudáfrica, donde científicos y políticos del mundo entero se reunieron para analizar cómo enfrentar el VIH. El problema central de la conferencia radicaba en el costo del coctel antirretroviral desarrollado para tratar la enfermedad pues, al ser de $10,000 de dólares por persona, este tratamiento estaba fuera del alcance de muchas de las personas que lo habían contraído.

El costo de esta medicina era basado en las patentes de las compañías que habían desarrollado la medicina, y que estaban protegidas por acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre derechos de propiedad intelectual, que habían sido firmados en 1995.
Varios países, entre ellos Brasil, buscaron enfrentar esta problemática pasando leyes que le negaban los derechos de patentes a compañías que tenían medicinas del VIH, para incentivar la producción genérica e interna de estos medicamentos. Brasil tuvo que enfrentar demandas de 41 compañías farmacéuticas por su accionar, que en el 2001 fueron retiradas. En ese mismo año, la OMC declaró que el acuerdo de propiedad intelectual no debe impedir el acceso de medicinas a la mayor parte de la población (Hillman, 2020). Hoy en día los tratamientos del VIH oscilan en los $100 dólares por persona.

De esta manera, las organizaciones intergubernamentales, las empresas farmacéuticas y los gobiernos alrededor del mundo deberán adaptar su normativa, no sólo para garantizar el desarrollo de una vacuna o tratamiento efectivo y seguro para las personas, sino también para garantizar que el acceso a esta sea rápido, a gran escala y accesible para quienes lo necesiten. De lo contrario, la cura ahondará aún más las inequidades existentes en países como Colombia.

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