Requiem

No cesa la violencia en el Cauca. Esta vez el turno fue para el municipio de Miranda con un carrobomba que dejó cuatro personas heridas y varias casas destruidas, al tiempo en que la Policía era atacada a tiros en el municipio de Corinto, nueve kilómetros al sur. Hace un mes fue en Toribío donde fueron asesinados tres indígenas, y hace dos meses un comunero fue muerto a manos de verdugos en la Panamericana en Santander de Quilichao.

La compleja situación de orden público en el Cauca no es nueva pero se ha deteriorado en el último año. Diciembre del 2023 fue de terror; en una semana fue asesinado el alcalde de Guachené, a pocos días de dejar el cargo, y cinco personas fueron masacradas en Santander de Quilichao. Similar zozobra se vivió en Silvia, Páez, Piendamó, Caloto y Buenos Aires, entre otros municipios, donde sicarios cegaron la vida de campesinos y líderes indígenas y sociales.

Con excepción del casco urbano de Popayán y sin contar la delincuencia que ahí opera, en los 42 municipios del Cauca hay uno o varios grupos armados ilegales, llámense Eln, Farc o bandas criminales. Todos, sin excepción, giran en torno de la droga. El Cauca se convirtió en el más grande laboratorio y centro de distribución de coca prensada. De ahí la guerra a muerte entre organizaciones criminales, y si asoma la cabeza, de éstas contra el Estado.

El Gobierno, como los anteriores, manifestó un enérgico rechazo, realizó un Consejo de Seguridad y anunció el despliegue inmediato de tropas por tierra y aire, y la militarización. Nada cambió. Ante cada anuncio y promesa de restablecimiento del orden de parte de los Ministros y mientras el presidente Petro se limita a explicar lo sucedido -como si su función fuese la de una narrador omnisciente- la violencia se recrudece y la autoridad pierde terreno.

De no ser porque subsiste una precaria institucionalidad en cabeza de un gobernador y unos alcaldes, de funcionarios de distintas ramas, incluidos los de las Fuerzas Armadas, que se esfuerzan por cumplir su deber guardando hasta cierto punto las apariencias, se le podría considerar una república independiente. Igual ocurre en el Pacífico nariñense y el centro del Valle, donde el narcotráfico es señor y dueño, y el Estado, un espectador.

El Cauca está prácticamente perdido. No de ahora, desde hace cincuenta años, con el crecimiento desmesurado de la guerrilla y la toma insaciable y violenta de tierra de parte de indígenas hasta hacerse al 43% del departamento. Era cuestión de tiempo para que la economía se viniera a pique, la pobreza arreciara y muchos migraran en busca de futuro quedando a la deriva una gran ciudad venida a menos y unos municipios sitiados por la violencia.

Ocurrió, porque todos los gobiernos sin excepción lo permitieron: no fueron capaces de confrontar a la guerrilla y detener los abusos de los indígenas durante décadas. Aún hoy les tiemblan las piernas cuando una cuadrilla de malhechores de tapabocas verde y rojo forrados en plata anuncian la toma ilegal de la Panamericana y su ingreso a Cali o el Eln un “paro armado”. Penoso sometimiento de las autoridades civiles, judiciales, políticas, militares y de policía.

Quién hubiese pensado que el Gran Cauca, el Estado más grande, importante y rico hace siglo y medio, determinante en la génesis y consolidación de la República, terminase diezmado y empobrecido, anulado políticamente, tomado por comunidades indígenas, guerrillas y narcos que desafían la ley. Mucho le dio a Colombia para merecer tal suerte: para verlo naufragar en sangre. Rumbo que, bajo las actuales circunstancias, podrían seguir otros departamentos, y el país, si no se alza la voz cuando aún es posible hacerlo.