Servicio exterior

Una característica esencial de las empresas privadas reside en la cuidadosa selección de sus directivos y empleados de confianza, quienes deben demostrar formación, trayectoria, preparación y limpia hoja de vida. Si así no fuera, el fracaso sería muy probable.

En cuanto al sector público, si bien la Constitución estipula que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades estatales deben ser de carrera y se llega a ellos mediante concurso público, están exceptuados los de libre nombramiento y remoción, y es allí en donde se suele fallar.

En la realidad, muchos altos cargos de libre nombramiento y remoción se deben a la influencia política o a la recomendación. No debería ser así. Tendría que prevalecer el interés público y los nominadores deberían fundar sus decisiones en el adecuado conocimiento del candidato: nivel académico, hoja de vida, mérito y aptitud en los asuntos propios de la función que desempeñará.

Tanto el presidente de la República como los ministros y directores de departamentos administrativos, los gobernadores y alcaldes han de gozar de libertad para conformar sus equipos de gobierno. Pero esa libertad no equivale a arbitrariedad. Deben tener en cuenta que asumen una alta responsabilidad cuando designan a los altos funcionarios. No cualquiera debe llegar a la función pública.

Si ese cuidado es necesario en el ámbito interno, con mayor razón en lo que toca con altos cargos que habrán de ser desempeñados en el exterior. Los embajadores, cónsules y altos funcionarios colombianos -ministros plenipotenciarios, consejeros de embajada y secretarios de embajada- son nuestra imagen ante el mundo. No solamente deben ser diplomáticos de carrera, con experiencia, formación profesional y conocimiento del idioma. Ante todo, personas de limpios antecedentes y comportamiento ejemplar.

No se trata de llenar vacantes por llenarlas, ni de satisfacer la conveniencia del aspirante. La carrera diplomática es fundamental, en cuanto congrega a funcionarios estudiados, especializados y expertos en el servicio exterior, que compromete al Estado colombiano en las relaciones con otros Estados y entidades de Derecho Internacional.

Alguien con pasado delictivo, inhabilitado o con sanciones disciplinarias o fiscales, o con problemas de drogadicción, o quienes presentan antecedentes de violencia intrafamiliar, agresión de género o sexual -peor aún contra niñas, niños o adolescentes- no pueden representar a Colombia ante otros países, ni ante la comunidad internacional. Avergonzarían a Colombia, y eso no lo debe permitir ningún gobierno, con independencia de su orientación política o ideológica.

Hablando de agresiones contra menores -lo que se ha discutido a propósito de un reciente nombramiento-, no olvide el Gobierno: ninguna forma de violencia de género puede quedar impune, ni ser premiada con el ejercicio de cargos públicos, ni en Colombia, ni en el exterior. No es amor, es delito.