Balance positivo

Si se ponen en una balanza los avances y los pendientes que en materia ambiental le deja a Colombia el gobierno de Iván Duque, el fiel se inclinaría hacia los primeros. Se cumplieron parte importante de los compromisos, aunque quedaron asuntos por resolver como reducir la deforestación o detener el tráfico de especies.

El país queda al final de este cuatrienio con más zonas de reserva natural, uno de los logros a resaltar. Se superó la meta del 30% del territorio nacional incluido en esa categoría, con un 37,63% de las áreas marinas y el 31% de las terrestres bajo protección y conservación de la Nación. Así se pasó de 12,4 millones de hectáreas de reservas marinas declaradas en el 2018, a 34,9 millones en este gobierno, mientras quedan bajo resguardo 35,3 millones de hectáreas terrestres. Lo más importante: se deja una bolsa de recursos por US$245 millones, en su mayoría de cooperación internacional, para garantizar su cuidado durante los próximos 10 años.

El crecimiento de las energías renovables es otro resultado positivo del saliente gobierno. El impulso a la generación eólica o solar y el interés que genera el país por su geografía y diversidad climática permitió ampliar la producción. Tanto así que de 28,2 megavatios generados en 2018 se pasó a 2800 MW que entrarán en operación en el 2023.
En materia legislativa se aprobó la Ley de Delitos Ambientales, que amplió la tipificación de prácticas ilícitas así como la imposición de penas mayores a quienes las cometan. Es herramienta indispensable para combatir la deforestación, el tráfico animal, la minería ilegal y aquellos delitos que afectan los recursos naturales nacionales. Queda también la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, y está pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, aprobado por el Senado y al que le faltan dos debates en Cámara de Representantes.

La Operación Artemisa fue creada para perseguir y judicializar a quienes atentan contra el medio ambiente. Sus resultados son positivos, pero insuficientes para reducir los peores males ecológicos. La deforestación que tuvo una tendencia a la baja entre el 2018 y el 2020, creció de nuevo en el 2021 y fue imposible cumplir la promesa de acabar la tala ilegal, propósito que no se conseguirá mientras su comercio sea tan lucrativo y no se detenga a quienes acaban los bosques para ampliar las fronteras agrícolas o los cultivos ilícitos.

En esas prácticas prohibidas está la razón de los crímenes contra guardabosques y líderes ambientales en el país. Proteger a quienes cuidan sus recursos naturales es un pendiente de este y anteriores gobiernos. Tampoco se consiguió detener la minería que contamina, destruye ecosistemas y cobra vidas, o frenar el tráfico de especies silvestres, uno de los negocios internacionales que más dividendos deja.

Aun cuando esos faltantes pesan en el balance, Colombia debe reconocer los avances en estos cuatro años en materia ambiental. Se deja así el camino allanado para que el gobierno entrante honre los compromisos internacionales, posicione a la Nación como líder mundial ambiental y garantice su protección.