Control eficaz

Las múltiples denuncias sobre irregularidades en la contratación durante la actual administración de Jorge Iván Ospina han obligado a la constante intervención de los entes de control del Estado. Y si bien se reconoce un interés por adelantar las investigaciones pertinentes, preocupa de nuevo la lentitud en los procesos, así como la demora que puede ocasionar el traslado de casos a la Capital de la República, que se evidencia en la escasez de fallos sancionatorios o absolutorios.

La decisión de la Procuraduría Provincial de Cali de mover a esa dependencia la investigación en contra de la Jefe de Comunicaciones de la Alcaldía por presuntas anomalías en contrataciones durante la pandemia de 2020, no sentó bien entre algunos concejales de la ciudad y sectores de la opinión pública. El proceso fue iniciado por la Personería del Municipio, y pocos días después el Ministerio Público, haciendo uso del control del poder preferente, resolvió asumir el caso.

Es válida la preocupación si se tiene en cuenta que la mayoría de las investigaciones disciplinarias adelantadas en los últimos años contra funcionarios de la Administración caleña se han archivado por vencimiento de términos. Así mismo es bien conocido que la manipulación ejercida por el clientelismo puede influir en la demora de las decisiones y cómo esa intervención indebida impide en no pocos casos conocer la verdad sobre la comisión de delitos que atentan contra el erario y el patrimonio municipal.

La ineficacia de los entes de control en las investigaciones sobre irregularidades en la Alcaldía de Cali es evidente. Por ejemplo, de los 73 procesos adelantados por la Procuraduría General de la Nación en contra de Jorge Iván Ospina durante su primer mandato, 60 se archivaron, dos nunca se abrieron y se presentaron tres fallos inhibitorios. Por ello preocupa que los 23 expedientes remitidos a esa entidad en ejercicio del poder preferente, relacionados con actuaciones de la actual administración municipal, corran suerte similar.

Y genera intranquilidad lo que pueda pasar con todos o parte de los 319 procesos abiertos por el órgano de control disciplinario local si se determina darles traslado a la Procuraduría. A la Personería se le debe reconocer su actuación decidida sobre las denuncias instauradas por presuntas irregularidades, lo que se refleja en los 53 fallos sancionatorios en primera instancia que ya ha proferido.

Lo que esperan los caleños es que se revisen como corresponde las actuaciones de una administración municipal cuestionada en sus tres años de gobierno y se determinen, si es del caso, las responsabilidades individuales de quienes hayan incurrido en manejos indebidos de cientos de miles de millones de los recursos públicos de la ciudad.

La presencia de los organismos de control es necesaria hoy más que nunca en la capital del Valle. Igual de importante es que su labor sea eficiente, transparente y arroje resultados de manera ágil para que se garantice la defensa de un patrimonio que les pertenece a los caleños en general.