Cuatro años después

Hace cuatro años, y luego de una larga negociación y un proceso de aprobación que generó grandes polémicas, en el Teatro Colón de Bogotá se firmó entre el Presidente de la República de entonces y el jefe de las Farc el acuerdo para terminar el conflicto de más de cincuenta años con ese grupo armado. Qué se debe hacer para que los objetivos que impulsaron esa negociación sean los motores para alcanzar la paz en Colombia.

El acuerdo fue el punto de llegada de un proceso que se inició con una ofensiva de las Farc para tomarse el poder en los años 90, continuó con la respuesta efectiva del Estado y culminó con la posibilidad abierta por el presidente Juan Manuel Santos de terminar el prolongado, sangriento e inútil conflicto por la vía de la negociación. Por encima de las críticas, ese fue un gran esfuerzo por hacer posible la pacificación del país apelando a la política.

Su accidentada ratificación, que se inició con un plebiscito donde ganó el no, y terminó con el reconocimiento de la mayoría de integrantes del Congreso de la República. La firma del presidente y el jefe del movimiento guerrillero dio inicio a una nueva fase, el desarrollo de lo acordado y en especial la creación de instituciones como la Justicia Especial de Paz y la aplicación de excepciones como la llegada al Legislativo de diez integrantes de las Farc.

Muchas cosas buenas, regulares y malas, han sucedido desde entonces.
Las buenas las encabeza la desmovilización de trece mil integrantes de esa guerrilla, el efecto más esperado. Entre las regulares está la confusión que se ha producido en la aplicación de muchos de los cambios acordados. Y entre los malos está la aparición de por lo menos dos grupos de disidencias de las Farc y el incumplimiento de las obligaciones de aportar a la reparación de las víctimas de esa guerrilla, que ponen en peligro la credibilidad del acuerdo y de la JEP.

Y por fuera de ello está el efecto que ha producido en la política colombiana. Es la polarización que impide avanzar, que usa el acuerdo para descalificar a defensores y oponentes, y es la fuente de querellas constantes y de acusaciones que no permiten progresar hacia lo que debe hacer el Estado para construir una paz que nace ante todo de la erradicación de los factores reales que impiden tener un país sin conflictos armados.

En ese sentido, el acuerdo desnudó el tamaño del desafío que representa el narcotráfico para Colombia, después de que se desmovilizaran las Farc. Desde entonces, aparecieron o salieron a la luz pública más de una decena de organizaciones criminales empeñadas en una guerra territorial para controlar los cultivos ilícitos, la producción y comercialización de drogas, los impulsadores de la violencia que azota al país desde hace treinta años.

Cuatro años después de firmado el acuerdo, está demostrado que las Farc eran sólo un factor de esa violencia que destruye y asesina en casi todas las regiones del país. Y que, además de respetar lo acordado, se hace necesario pasar la página para encontrar el consenso nacional para enfrentar los elementos que impiden construir la verdadera paz para toda Colombia.