6024455000Cuidado con los anuncios
Si a ese afán fiscalista que afectará la Hacienda pública y limitará al Gobierno para ejecutar sus programas se le suman las declaraciones de la Ministra de Minas, no es difícil anticipar graves problemas.
Con todo y sus efectos nocivos para el medio ambiente, el petróleo y el gas han sido fundamentales para el progreso del país, para los ingresos del Estado y para atender la demanda de servicios públicos a todos los sectores de la sociedad colombiana. Por ello se hacen cada vez más difícil de digerir las revelaciones de quienes llegan al nuevo gobierno anunciando medidas que causarán serios traumatismos económicos y sociales.
Está en primer lugar la declaración de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la no suscripción de nuevos contratos para exploración y explotación de esos recursos en el territorio nacional y su propuesta de comprar el gas a Venezuela. Conociendo sus antecedentes como defensora del medio ambiente, hay que preguntarle si al dejar de producir y preferir comprar a un vecino que nos quedó mal en épocas anteriores se evitará la polución que puede generar el consumo de ese precioso y hasta ahora barato recurso en los hogares colombianos.
Decimos barato porque, como lo han explicado expertos en la materia, los colombianos hemos pagado a US $4,7 la molécula que en el mercado internacional ha llegado hasta los US$70. Es la consecuencia de la autonomía que a nuestro país le proporciona el haber aplicado con juicio una política coherente de exploración y explotación en cuya ejecución está involucrado Ecopetrol. Sí, la empresa nacional más importante para el fisco, que además traslada cifras de gran significado para la estabilidad de nuestra economía y para los ingresos públicos.
De otra parte, la reforma tributaria presentada al Congreso incluye propuestas para aumentar hasta el 80% los gravámenes a la industria petrolera. Es como si se quisiera matar la gallina de los huevos de oro que atrae inversión extranjera, genera divisas y permite darle un manejo al precio de los combustibles que evita el incremento de los factores inflacionarios para los ciudadanos del común.
En otros términos, lo que parece pretenderse es cambiar un ingreso seguro y una industria que trae divisas por más impuestos que ahuyentan la inversión y genera inestabilidad en un sector clave para el país. De todo ello será Ecopetrol, de la cual el Estado es propietaria del 88% de sus acciones, la primera víctima al no poder encontrar socios que le permitan explotar una riqueza nacional en beneficio de todos los colombianos, además de poner en riesgo 180 proyectos de petróleo y gas.
Si a ese afán fiscalista que afectará la Hacienda pública y limitará al Gobierno para ejecutar sus programas se le suman las declaraciones de la Ministra de Minas, no es difícil anticipar graves problemas. O, ¿será acaso que vamos a seguir la senda de Venezuela, donde la riqueza nacional sigue enterrada mientras la miseria ha obligado a millones de venezolanos a emigrar buscando futuro?
El gobierno nacional, además de hacer anuncios inspirados en sus propuestas de campaña, debería sopesar las consecuencias que tendrían. De lo que se trata es de construir sobre lo alcanzado en materia petrolera antes que destruir lo que el país ha logrado para mejorar la vida de los colombianos.
