El infierno del Darién

Los datos sobre la migración que atraviesa el Tapón del Darién en la búsqueda de un futuro en el norte del continente no podrían ser más preocupantes, y demuestran que la tragedia que ahí se vive, de la que se lucran las mafias que trafican con las necesidades humanas, está lejos de terminar. Mientras tanto, las autoridades nacionales parecen incapaces de detener ese infierno, que deja ya cientos de víctimas e historias descarnadas que nadie tendría por qué vivir.

Ayer la ONG Human Rights Watch reveló el primero de una serie de informes surgidos de las investigaciones de campo, entrevistas y recorridos in situ realizados durante el último año. Impacta saber que medio millón de personas -en su mayoría ciudadanos venezolanos que aún huyen de la miseria a la que el régimen chavista ha sometido a su Nación, pero también ecuatorianos, haitianos, africanos o asiáticos-, han cruzado la espesa selva del Tapón del Darién en las condiciones más deplorables, sometidos a vejámenes como los de las 950 mujeres víctimas de agresiones sexuales reportadas.

Detrás de ese negocio que se aprovecha de las penurias de quienes, por distintas razones, prefieren arriesgar sus vidas y su integridad en la búsqueda de oportunidades para ellos y para sus familias, hay un nombre que se repite: el Clan del Golfo. La organización criminal ha encontrado, según la investigación, una mina de oro alterna al narcotráfico que le habría dejado en lo corrido de este 2023, ganancias por 57 millones de dólares.

El beneficio no sería solo económico, toda vez que mientras la atención de las autoridades se desvía hacia los migrantes el Clan del Golfo aprovecharía para pasar sus cargamentos de droga hacia Centroamérica. Esa mezcla de tráfico humano y tráfico de estupefacientes hace aún más complejo el problema que se vive en las selvas del Darién.

Tan grave como el drama de la migración ilegal que atraviesa por Colombia, es la ineficiencia de las autoridades nacionales para impedir que ello suceda. No se puede descartar incluso la connivencia de funcionarios públicos que estarían permitiendo el ingreso por los puntos fronterizos, como los que se comparten con Ecuador o Brasil, de ciudadanos de naciones tan lejanas como Afganistán o Nepal, que llegan por el sur del país, pasan por departamentos como el Valle del Cauca y ayudados por las mafias cruzan nuestro territorio hasta alcanzar Panamá y de ahí siguen a México y EE.UU.

Es un problema transnacional que debe ser tratado como tal. Si no se logra un consenso entre todos los Estados involucrados, cientos de miles de inmigrantes ilegales seguirán llegando en su travesía a países como Colombia, serán sometidos por las mafias que se aprovechan de su situación, padecerán los peores vejámenes o morirán en medio de la selva indomable del Tapón del Darién o en las aguas del Pacífico.

Ni las autoridades ni la sociedad pueden permanecer indolentes frente a la que es una tragedia humana a la que se le debe poner fin.