El informe de la ONU

El más reciente informe entregado por el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, debe generar una reflexión de fondo entre los colombianos sobre los desafíos que tiene el país para avanzar en esos dos frentes.

Sostiene dicho reporte que “a menos que la erradicación de la pobreza se convierta en una prioridad para la sociedad colombiana, sin importar su nivel de ingresos, el círculo vicioso de la pobreza y el conflicto continuará, y el país nunca conocerá la paz”. Una advertencia que cobra mayor relevancia en momentos en que la política de Paz Total del gobierno Petro luce cada vez menos efectiva, mientras que la violencia se desborda en territorios como el vecino departamento del Cauca.

En muchos de ellos, como plantea el informe de De Schutter, “la falta de oportunidades de empleo está convirtiendo a las personas en situación de pobreza en un blanco fácil para el reclutamiento por parte de grupos armados no estatales, y la falta de alternativas viables para los cultivadores de coca no les está dejando otra opción que continuar con los cultivos ilícitos”. En efecto, la pobreza es el combustible que hoy alimenta el conflicto, enfatiza el Relator.

Al respecto cabe reiterar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que luchar contra la pobreza implica un enfoque mucho más amplio e integral que el de los subsidios. La clave está en la generación de ingresos de forma sostenible y esta depende, fundamentalmente, de la creación de empleo formal. Crear las condiciones adecuadas para que los sectores productivos puedan generar más puestos de trabajo debería ser el objetivo de un verdadero acuerdo nacional por la reactivación. Algo que sigue siendo una materia pendiente para el Gobierno.

Mención aparte merece el llamado que hace el relator de la ONU para acelerar el desmonte del actual sistema de estratificación social que se usa para distribuir subsidios. Si bien la idea de que los estratos con mayores ingresos paguen más por sus servicios públicos y subsidien a los sectores más vulnerables parece loable, en realidad se trata de una trampa a la movilidad social. Esto porque se encierra a los más pobres en sus territorios y, en muchos casos, se les estigmatiza, dificultándoles el acceso a empleos decentes y servicios públicos.

Este sistema, advierte el informe, es “una segregación social institucionalizada que impide erradicar la pobreza y alcanzar la paz”. Y recuerda que “un niño nacido en una familia pobre en Colombia tarda 11 generaciones en ganar un salario promedio”.

Por último, es clave el llamado del Relator para que se aplique plenamente el Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo el apoyo a los cultivadores de coca para sustituir cultivos, a quienes hay que darles mucho más que asistencia financiera y técnica. Para que la sustitución funcione, advierte, es preciso garantizar a los campesinos acceso al crédito y a los mercados. Con todo, el informe de la ONU es preocupante. Y evidencia la urgencia que tenemos de crear consensos para combatir los verdaderos problemas de fondo del país.