El reclamo del Pacífico

Aunque se pretenda desconocer en el centralismo, el Litoral Pacífico colombiano está hoy en medio de una batalla por su control. Es la violencia del narcotráfico que se empeña en apoderarse de toda la región para aprovechar sus ventajas geoestratégicas y la Fuerza Pública que hace todos los esfuerzos posibles por derrotar esa embestida de la ilegalidad, y por ofrecerle seguridad a los miles de habitantes de una región que se duele por la ausencia de un Estado capaz de garantizarles las oportunidades y la protección que requieren.

Todos los días, las noticias sobre la región son agobiantes. Masacres en Tumaco, capturas de toneladas de cocaína y de sumergibles que las transportan hacia Centro América o los Estados Unidos, ataques en los pueblos y veredas cuyos habitantes son desplazados ante la amenaza de muerte que les envían quienes han sembrado un mar de coca. Y desde Buenaventura, donde la violencia se convirtió en pan de cada día o en el Chocó donde la pobreza y el abandono se mezclan con toda suerte de grupos criminales que explotan la minería ilegal o los cultivos ilícitos, el clamor ciudadano crece.

Por ello, el obispo de Istmina, monseñor Mario Álvarez reclama la presencia del Estado. “Se están moviendo aguas subterráneas en este San Juan del Chocó, anunciando verdaderos genocidios que podemos evitar”, dice el prelado en su súplica al Gobierno Nacional, ante el desplazamiento de 1200 indígenas que huyen de la guerra entre los grupos que pretenden el control de sus territorios. Es lo mismo que alertan los obispos de Tumaco, de Buenaventura, de toda la región, donde la situación se agrava sin que aparezcan soluciones de fondo.

Frente a ello, la Fuerza Pública realiza esfuerzos denodados para combatir a los criminales, logrando resultados como el dar de baja a alias Fabián, cabecilla del Eln. Pero eso no es suficiente para erradicar la delincuencia que incluye a los carteles mexicanos, ni en las manos de esos soldados y policías está la posibilidad de entregar las soluciones que reclaman los miles de habitantes de una franja que va desde el Paso del Darién hasta la frontera con Ecuador.

El reclamo es desesperado, y no se puede seguir respondiendo con anuncios desde la capital de la República que no se cumplen o con consejos de seguridad o promesas que caen el vacío mientras los criminales desatan la destrucción, causan muerte y pobreza y arrasan con el medio ambiente de una de las regiones más variadas y ricas del planeta. Todo ello, aumentado por la corrupción que en sus administraciones regionales y locales se quedan con los pocos recursos que les llegan del centro del país, sin preocuparse por impulsar el desarrollo y el progreso de sus gobernados.

El Pacífico colombiano necesita que el Estado tome las medidas que sean necesarias para cambiar su situación y ofrecerles oportunidades. Sus habitantes son colombianos que no pueden seguir siendo tratados como un problema más y desde la distancia, mientras sus riquezas son destruidas, sus culturas son arrasadas y la alternativa parece ser sólo el desplazamiento y la miseria.