El reto del agua

De poco vale ser uno de los países con mayor riqueza hídrica sí una número importante de la población no tiene acceso al agua o la tercera parte de sus municipios está en riesgo de desabastecimiento. Es la situación de Colombia, que requiere soluciones.

No se puede desconocer que la Nación ha puesto su empeño desde hace una década en generar políticas ambientales con el objetivo de garantizar la protección y recuperación de sus recursos naturales. De hecho se le reconoce como uno de los países de América Latina que más ha avanzado en la materia, que ve con mayor preocupación esa pérdida y lidera iniciativas regionales.

No ha sido, sin embargo, suficiente para conseguir los objetivos planteados. Son muchos y enconados los enemigos contra los que hay que luchar, comenzando por los directos responsables del daño a la naturaleza, que acaban con los bosques, deterioran los páramos, secan o contaminan las fuentes hídricas como consecuencia de sus actividades ilícitas, llámense narcotráfico, minería ilegal, expansión indebida de tierras de cultivos y pastoreo.

Pasa, así mismo, por la escasez de recursos financieros que permitan gestionar, como se requiere para que tengan éxito, las políticas públicas ambientales o hacer los controles e imponer las sanciones a las actividades ilícitas que tanto dañan el medio ambiente nacional. O para tener un programa de educación nacional efectivo, que forme a 50 millones de colombianos, comenzando por su población más joven en el cuidado de su entorno.

El del agua, el daño a los sistemas hídricos, el deterioro de los ecosistemas donde nacen los ríos y el desabastecimiento que ello genera son de los problemas más graves que afronta el país. Según el Dane hay dos millones de hogares colombianos que no tienen acceso al agua porque no cuentan con un acueducto que los abastezca, mientras que 391 municipios, el 35% de los que hay en el país, han sido identificados como susceptibles de sufrir desabastecimiento un futuro próximo.

Todo ello pese a iniciativas como el Plan Nacional de Aguas, que en el 2022 cumplirá los diez años para los que fue creado y no ha dado todos los resultados esperados, o a la cantidad de acciones para salvaguardar un recurso natural que es sinónimo de vida. Hay, sin duda casos de éxito, que son ejemplo en el país, como los que adelanta el Valle del Cauca en la recuperación y conservación de sus cuencas hidrográficas, así como en garantizar el acceso al agua potable a 700 veredas donde habitan 300.000 vallecaucanos.

Con esa preocupación y por la gestión de 1100 organizaciones ambientales, se creó en el Congreso de la República la Comisión Accidental del Agua que se deberá encargar de manera exclusiva de promover estrategias e iniciativas legislativas para proteger el agua y garantizar el derecho de los colombianos a su acceso. La expectativa es que no se convierta en otra desilusión burocrática y cumpla con el encargo vital que se le ha encomendado.

Bienvenidas todas las iniciativas, porque una nación aún rica en recursos hídricos no puede arriesgarse a acabar con los que le quedan, a que su población sufra de sed o a que el líquido preciado se convierta en motivo de conflictos, como los cerca de 300 que se han detectado, relacionados con el acceso, disponibilidad, gestión y conservación del agua en territorio nacional.