Editorial
Sociedad inerme
Sociedad inerme aquella en la cual la impunidad es el denominador común cuando se trata de perseguir y castigar a quienes matan, violan, usan como escudos en medio del conflicto armado...
“No puede una sociedad quedarse inerme cuando sus menores de edad son asesinados, se convierten en víctimas de la violencia o son sometidos a los peores vejámenes”. Estas mismas líneas con las que comenzaba el editorial de El País de la edición del 11 de diciembre de 2023, se deben repetir sin descanso en Colombia, país en el que cada día son asesinados entre dos y tres menores de edad.
En esa fecha el nombre de la víctima más reciente de un crimen que sacudió a Cali, era Michelle Dayana González, una adolescente de 15 años que salió a la tienda a escasos metros de su casa y fue encontrada muerta al día siguiente. Ayer fue el municipio de Candelaria el que se despertó con la noticia que nadie quería escuchar: el cuerpo de Sofía, la niña de 12 años de edad desaparecida 20 días atrás en el corregimiento de Villagorgona, fue hallado en un cañaduzal luego de que el asesino confesara.
Ellas son apenas dos de los 886 casos que se reportan en promedio cada año de niños, niñas o adolescentes asesinados. Dato que no incluye a aquellos que son sometidos a explotación sexual, reclutados para la guerra, secuestrados o víctimas de la trata de personas. Frente a esa realidad, no es suficiente pedir que la Justicia cumpla con su deber y castigue con las penas máximas a los responsables de esos crímenes aberrantes. Hay que entender dónde está el origen de esa crueldad que parece ensañada contra la niñez colombiana.
Lo primero es cuestionar la labor de las autoridades y de las entidades encargadas de velar por la integridad, el bienestar y la vida de los menores en el país. Los autores de los asesinatos de Michelle Dayana y Sofía tenían, según la Fiscalía, antecedentes judiciales por abuso sexual contra menores de 14 años, pero las alertas no se encendieron ni se procedió a tiempo para evitar las que se convirtieron en tragedias.
Falla la Justicia, que en múltiples ocasiones no aplica con contundencia los castigos que determina la ley contra los culpables de crímenes que se cometen contra la población más joven, que es la más vulnerable y la más expuesta a los peligros. Fallan también quienes no cumplen con su deber de cuidar a los menores de edad, desde sus propias familias, las comunidades a las que pertenecen o los estamentos obligados a que hacer que se respeten sus derechos más fundamentales.
Sociedad fallida la nuestra, que hoy se escandaliza con crímenes como el de Sofía Delgado o el de Michelle Dayana González, y mañana ya los olvida. Sociedad inerme aquella en la cual la impunidad es el denominador común cuando se trata de perseguir y castigar a quienes matan, violan, usan como escudos en medio del conflicto armado o desaparecen a los niños en el país.
Colombia tendrá futuro y sentido cuando no haya ni un solo menor de edad violentado o asesinado. Hoy son 886 por año, un número que debería estar marcado a fuego y con rabia en el corazón de cada uno de los colombianos.
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