La aplanadora legislativa

Cumpliendo el derrotero que le ha marcado la alianza gobiernista que domina el Legislativo y el Ejecutivo, la reforma política recibió su tercer debate en la Cámara de Representantes. Sin resolver las dudas y reservas expresadas desde muchos sectores de la sociedad, la propuesta parece encaminada a lograr su aprobación.

Es bien sabido que la política colombiana adolece de grandes falencias y se ha convertido en motivo de preocupación ante los efectos nocivos que ha causado en la representación popular, una de las bases de la democracia realmente efectiva y participativa. No obstante, quienes manejan los hilos del poder no parecen sensibles al clamor ciudadano sobre la urgencia de tener mecanismos para garantizar el sistema de pesos y contrapesos que hace posible preservar la transparencia en la acción del Estado.

Por el contrario, lo que es ya común en Colombia es la tramitación frecuente de iniciativas que no consultan el sentimiento de los ciudadanos y las necesidades de la democracia, pero satisfacen las urgencias de quienes han transformado el arte de la política como vocación de servicios en una profesión. De ahí que, como se vio el pasado miércoles, el debate se concentre en la manera de ofrecer mayores posibilidades para la clase política y menos en responder a las preocupaciones sobre las transformaciones necesarias para fortalecer la independencia de los poderes públicos, para exigir el control político y para evitar que el Estado se negocie una vez pasen las elecciones.

Así ocurrió en la Cámara: se ratificó la posibilidad de que los elegidos cambien de bando, desconociendo las promesas que les hicieron a sus electores; se autorizó que el gobierno pueda nombrar congresistas en ejercicio, lo cual significa una herramienta más para neutralizar el control político que debe ejerce el Legislativo; y se eliminó el poder sancionatorio de la Procuraduría sobre las conductas ilícitas de los congresistas, aduciendo que desconoce los Derechos Humanos.

Esas son sólo algunas de las perlas aprobadas, las cuales tendrán efecto en las elecciones regionales y locales del próximo año, de acuerdo con los propósitos del Gobierno y la coalición que lo respalda. Y se eliminó el intento de imponer el voto obligatorio, se aprobó la financiación total de las elecciones a cargo del Estado, así como la eliminación del voto preferente, sin que quede claro cómo se garantizará que los partidos dejen de ser meros emisores de avales y recuperen su papel como responsables de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Faltando un debate para su aprobación final, la reforma política en trámite se encamina a ser un hecho cumplido que satisface por ahora las urgencias y ambiciones del Gobierno y los partidos que han construido la avasalladora coalición oficialista en el Congreso. Pero seguirá lejos de responder a las necesidades de la democracia colombiana y de resolver las inquietudes que expresa la sociedad, anteponiendo el clientelismo y las alianzas circunstanciales que reparten el poder y el Estado a la trasparencia que debe tener la política para que sea confiable.