La Niña y la emergencia
Con todo ese panorama tampoco puede decirse que existen las condiciones para decretar una emergencia económica con la cual se responda a la amenaza de La Niña.
Luego de una observación detenida, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, organismo de las Naciones Unidas para vigilar el comportamiento climático, alertó que el fenómeno de La Niña que en los dos últimos años ha hecho presencia, se repetirá entre septiembre de este año y febrero de 2023. Lo cual significa que los países que como Colombia tienen costas sobre el océano Pacífico, deben mantener las medidas de precaución necesarias para mitigar sus efectos.
Pese a la variación climática que causan tanto La Niña - que aumenta las lluvias y genera emergencias cuando llega a niveles críticos como los sucedidos en Colombia entre los años 2010 y 2011 - al igual que su contrario El Niño - que aumenta las temperaturas y las sequías- no son fenómenos insólitos ni se deben al cambio climático producido por la acción de los seres humanos. Son hechos frecuentes que la humanidad debe entender y tratar en lo posible de evitar sus consecuencias.
Ahora, y según los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo de la OMM, el actual episodio de La Niña continuará los próximos seis meses. La probabilidad es del 70 % para el período de septiembre a noviembre de 2022, disminuye gradualmente hasta el 55 % para los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023, y no es posible todavía calcular su intensidad en Colombia.
Sin duda, la amenaza de inundaciones está presente y deben aplicarse las medidas que desde hace muchos años contemplan las normas sobre prevención de desastres, la más importante de las cuales es la de elaborar mapas de riesgo e impedir los asentamientos en las zonas expuestas a los desbordamientos de los ríos o a los derrumbes causados por el exceso de lluvias. Lo cual revive la inquietud sobre la responsabilidad que le compete a las autoridades locales y regionales en la aplicación de esas medidas así como en la provisión de las reservas que ordenan las leyes para la prevención y atención de desastres.
Hasta ahora, y aunque en algunas zonas del país se han presentado desastres originados en el aumento de lluvias, La Niña no ha tenido una intensidad como la de hace doce años. Lo cual no significa que se baje la guardia ante un posible evento que puede aumentar de un momento a otro, o que no se insista en los mapas de riesgo como instrumento para proteger la vida de quienes viven en las zonas amenazadas de inundaciones, al igual que para contener amenazas como el impacto en la producción de alimentos.
Con todo ese panorama tampoco puede decirse que existen las condiciones para decretar una emergencia económica con la cual se responda a la amenaza de La Niña. Como se puede deducir de una lectura rápida de la Constitución, ese mecanismo excepcional únicamente puede decretarse en caso de un hecho sobreviniente, durante un espacio de tiempo muy preciso y solo para enfrentar las consecuencias de una emergencia. Por ello, antes que insinuar esa emergencia que permite al gobierno legislar en materia económica, lo que se debe hacer es insistir en la obligación de las autoridades de tomar medidas que permitan evitar las tragedias que se derivan de los desastres naturales.