La novela de los pasaportes

Son muchas las explicaciones, y no por vía redes sociales como X, las que se tienen que dar desde el Gobierno Nacional sobre la novela en que se convirtió la licitación de los pasaportes en Colombia. En primer lugar, a los ciudadanos hay que decirles cómo se les garantizará, a partir de octubre próximo cuando termine la prórroga del contrato actual, que puedan obtener ese documento de identificación, al cual tienen derecho cuando lo soliciten.

La historia se entrega por capítulos. Primero fue la licitación abierta a comienzos de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la que recayeron sospechas de haber sido construida, según los críticos, con pliegos hechos a la medida, para favorecer a un proponente. Pese a los reparos, la Cancillería continuó con el proceso y al final hubo un solo interesado, el mismo que lleva 17 años haciendo los pasaportes y el único en capacidad de cumplir los requisitos: Thomas Greg & Sons.

La ola de críticas llevó a que primero se aplazara la adjudicación, aun cuando ya se habían hecho públicas la evaluación y la calificación obtenida por la empresa, para luego proceder a su anulación por orden del presidente Gustavo Petro. No tardó en llegar la demanda por $117.000 millones al Estado, así como la propuesta de conciliación de Greg & Sons si se le entregaba el contrato por tres años. No hubo acuerdo, a pesar de las recomendaciones de los expertos para evitar la multimillonaria multa.

Desde entonces, la trama se ha intensificado: el canciller Álvaro Leyva fue suspendido por tres meses por la Procuraduría; en su remplazo temporal llegó Luis Alberto Murillo, actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, y se abrió una nueva licitación que terminó de nuevo interrumpida la semana pasada.

El punto culminante llegó el lunes pasado, cuando el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar, muy cercano a Leyva, echó para atrás las últimas decisiones y le adjudicó el contrato por $599.000 millones a Thomas Greg & Sons. Lo hizo, según sus palabras, porque no iba a ser él quien pasara a la historia como “el viejito que dejó sin pasaporte a los colombianos”. De paso dijo que como ya todo se había solucionado, al Canciller se le debía levantar la medida.

“Traidor” fue el término que uso el presidente Petro en su cuenta de X para anunciar por esa vía la destitución del funcionario. Y por ese mismo medio, el mandatario aseguró que “el contrato es corrupto” a la vez que aprovechó para irse lanza en ristre contra la multinacional de la que dijo “puede llegar a hacer un fraude monumental” por los intereses que maneja en el sistema de escrutinios electorales nacionales.

En ese estado se encuentra lo relacionado con la expedición futura de los pasaportes en el país. Frente al limbo y a la incertidumbre que ha generado el Gobierno Nacional, y en particular el presidente Petro, hay que hablarles claro a los colombianos, aceptar los riesgos que existen de incumplir con el que es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos y explicar cómo se le dará solución. Los intereses y las razones que deben primar son las que favorezcan al bien común.