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Desde la firma en noviembre de 2016 de los acuerdos de paz para poner fin a un conflicto de más de medio siglo, que la comunidad internacional pone de ejemplo para resolver otros conflictos en el mundo, no ha sido un camino de rosas como demuestran los 1604 líderes y 410 exguerrilleros asesinados en este periodo, recordó Perea.
Algunos indicadores de seguridad muestran que los colombianos consideran que buena parte del territorio nacional sigue sumido en una violencia que parece no dar tregua. | Foto: Cancillería

Editorial

La visita de la ONU

Es necesario preguntarse cuáles han sido los yerros que han impedido que esas buenas intenciones que quedaron plasmadas en el Acuerdo Final de Paz se traduzcan en un mejor estar de la población colombiana.

13 de enero de 2024 Por: Editorial

La visita que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizarán a Colombia el próximo mes debería servir para que el Gobierno Nacional, los actores armados, la sociedad civil, las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz, los excombatientes y la comunidad internacional hagan un examen a fondo sobre la manera en la que el país está intentando alcanzar la pacificación que tanto necesita su población urbana y rural.

Son varios los caminos que hoy por hoy se están explorando para lograr el cese de la actividad criminal que generan especialmente los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en el país, pero la percepción y algunos indicadores de seguridad muestran que los colombianos consideran que buena parte del territorio nacional sigue sumido en una violencia que parece no dar tregua.

Una percepción que también se evidencia en la apatía que muchos ciudadanos y habitantes de la ruralidad sienten ante los distintos esfuerzos que se hacen para alcanzar acuerdos que permitan que los grupos armados al margen de la ley desistan de su accionar violento, tal como sucede con respecto a lo convenido entre el Estado colombiano y las Farc hace siete años en La Habana.

Entonces es necesario preguntarse cuáles han sido los yerros que han impedido que esas buenas intenciones que quedaron plasmadas en el Acuerdo Final de Paz se traduzcan en un mejor estar de la población colombiana. Y tal vez los primeros que deben levantar la mano son los responsables de que el Estado no haya llegado a aquellas zonas en donde tenía influencia la que fuera la mayor guerrilla de América Latina.

Y, claro, es innegable que hubo consideraciones políticas que se interpusieron en ese objetivo. Pero el análisis que se debe hacer ahora no debe estar orientado a señalar a los responsables de esa y otras acciones (o inacciones) que han atentado contra el avance de lo convenido.

Lo imprescindible es que se adopten los correctivos necesarios para garantizar no solo la completa implementación del Acuerdo del Teatro Colón, sino que en las negociaciones que se adelantan actualmente no se cometan las mismas equivocaciones que en La Habana en términos, por ejemplo, de la duración de las conversaciones, de la falta de concreción de lo acordado y del no involucramiento de toda la sociedad en el proceso, lo cual no implica que haya muchas voces en las mesas de diálogo, sino que el país esté informado de lo que se está discutiendo.

Pero más fundamental que lo anterior es que el Estado, de la mano del apoyo logístico y financiero, avance en la recuperación de los territorios que, a través de la desidia y la corrupción, ha dejado en poder de los violentos y los saqueadores de los recursos naturales. Eso, unido a un estricto control interno y externo del manejo de esos fondos, so pena de que, como ya ha sucedido, los intereses de toda una nación terminen en el bolsillo de funcionarios corrompidos.

Como se ve, son muchos los mea culpa y las rectificaciones que debe haber de parte de todos los actores involucrados en el tema, más allá de los discursos, las promesas y las palmadas en el hombro, si se quiere que la Paz no sea una política de gobierno más sino una realidad.

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