La vivienda social

El programa de subsidios para vivienda de interés prioritario o social les ha brindado a los colombianos de menores recursos económicos la oportunidad de tener casa propia. Ahora, con los cambios en los requisitos para acceder a esa ayuda estatal, anunciados por el Gobierno Nacional, miles de familias que adelantan el proceso de adquisición quedarían en el limbo mientras se reducen las posibilidades para quienes veían en ese auxilio su única alternativa de convertirse en propietarios.

La demora en la entrega de los subsidios de ‘Mi casa ya’, el programa público que desde 2015 apoya la adquisición de vivienda de bajo costo, generó alarmas en el país, en especial entre quienes iniciaron el trámite en los últimos dos años y esperaban los desembolsos para inicios del 2023. Ahora se sabe que la razón de ese retraso es la transformación que el gobierno de Gustavo Petro está haciendo al programa, la cual entraría a regir a partir del próximo mes de abril.

Las condiciones, según lo divulgado por el propio Ministerio de Vivienda, serán distintas. Solo quienes hayan realizado la encuesta del Sisben IV y estén por debajo de la categoría D11, en el caso de quienes viven en el sector urbano, y D20 para quienes están en zonas rurales, podrán aspirar a obtener el auxilio del Estado. Ello quiere decir que se limitará sustancialmente el número de colombianos que se podrán beneficiar.

Si bien se podría decir que la medida se ajusta a las propuestas del presidente Gustavo Petro de llegar con ayudas a las familias más vulnerables del país, lo cierto es que con la resolución se desconocen las necesidades del grueso de la población colombiana, aquella que no se encuentra en niveles de pobreza extrema pero tampoco tiene la posibilidad de comprar una vivienda propia sin el auxilio del gobierno. Es la exclusión que generará el que se hace llamar el gobierno del cambio.

Y queda por resolver el problema de quienes ya aplicaron al subsidio entre 2021 y 2022, adquirieron su casa basados en el compromiso de recibir la ayuda estatal y hoy están en riesgo de perder su propiedad o los ahorros que invirtieron porque no tienen la capacidad de endeudamiento necesaria. En Cali hay 23.000 familias en esa situación que, según lo anunciado por el Ministerio de Vivienda, solo podrán continuar con la solicitud si cumplen con el requisito de estar inscritos en el Sisben IV.

Estudios recientes revelan que entre 2019 y 2021 el porcentaje de colombianos que posee casa propia bajó entre un 4% y un 6%, además 7 de cada 10 personas en el país manifiestan que no tienen cómo comprar una vivienda, mucho menos si no reciben ayuda estatal.

Cambiar los requisitos del programa ‘Mi casa ya’ y limitar aún más las posibilidades de acceder a los subsidios gubernamentales, como lo pretende el actual Gobierno, impedirá que un número mayor de la población cumpla ese sueño. De paso la decisión afectará al sector de la construcción si se tiene en cuenta que de 167 mil viviendas que se levantan al año en el país, 112 mil son de interés social. Y se le asestará un golpe a la generación de empleo con las consecuencias que ello tendrá para la economía nacional.