No pero sí

Faltaron 500.000 de los 12.140.342 de votos que se necesitaban para que la consulta contra la corrupción tuviera efectos vinculantes y produjera las transformaciones legales que determinaban las siete preguntas puestas a consideración de los colombianos. Ese resultado demostró la voluntad del 95 % de los votantes contra un fenómeno que causa estragos en nuestra sociedad y debe marcar el punto de partida para tomar medidas que interpreten la voluntad popular.

Fue la primera oportunidad en la que un país usó los mecanismos constitucionales para preguntarle a sus ciudadanos sobre algunas iniciativas dirigidas a combatir uno de los peores enemigos de la convivencia y de la democracia. Desde esa perspectiva, poco bien resulta de atacar el esfuerzo por los costos económicos que ocasionó, más aún cuando se produjo la movilización que se registró y el resultado alcanzado.

De otra parte, la consulta tuvo algunos puntos que no coincidían con el empeño de desterrar la corrupción, como el rebajar los salarios de los integrantes del Congreso de la República y de otros funcionarios de alto rango en la administración del Estado, o limitar a tres el número de periodos que puede ser elegido un congresista. Esas son iniciativas que pertenecen más bien a una reforma política, por lo cual desviaron la atención y, sin duda, paralizaron el apoyo de algunos sectores políticos.

También es necesario reconocer que al limitarse a la órbita del Ejecutivo y el Legislativo, la consulta ignoró los graves problemas de corrupción que afectan a la Justicia colombiana, o aquellos que son de común ocurrencia en el sector privado: es de especial significación lo que ocurre en sus relaciones con el sector oficial, y los innegables efectos que la falta de ética y de respeto por la legalidad tienen en las relaciones económicas de los particulares y el respeto a los derechos ajenos.

Con todo, lo ocurrido ayer no puede considerarse como una derrota al rechazo que los colombianos tienen contra la corrupción. Son casi 11.700.000 ciudadanos que expresaron su voluntad, respaldando en más del 99 % cada una de las siete propuestas que se les presentaron.

Corresponde a los dirigentes políticos y a los gobernantes interpretar esa expresión democrática que no puede ser usada como bandera partidista ni por sus promotores ni por sus opositores.

Pero también queda la obligación de actuar en todos los campos del acontecer nacional. Empezando por la educación sobre valores y principios que permita formar a niños y jóvenes en el respeto por el derecho ajeno y en la transparencia de sus actos. Siguiendo por la transformación que debe producirse en todos los sectores de la actividad privada para evitar que la trampa, la coima y la inmoralidad sigan siendo los instrumentos para tener éxito.

Así como el anhelo por tener un país en paz, acabar la corrupción debe ser un propósito nacional, no excluyente y transformador de nuestra sociedad. Para ello el resultado de la consulta de ayer debe reconocerse como un triunfo sobre el escepticismo y el principio de un gran esfuerzo por derrotar el cáncer de nuestra democracia.