Ospina debe ser apartado

Desde que la Procuraduría General destituyó a Apolinar Salcedo, en el año 2007, ningún Alcalde de Cali había sido tan cuestionado ni había afrontado tantas investigaciones como Jorge Iván Ospina.

La Contraloría General de la República le abrió un proceso al actual alcalde por un contrato de más de $5000 millones, de los cuales $1500 millones nunca se ejecutaron. En este caso, según el ente de control, se presentó una innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre la Imprenta Departamental, Impretics, y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

Bajo la lupa de la Contraloría también hay tres convenios suscritos por las Empresas Municipales de Cali, Emcali. En uno de esos convenios, cuyo fin era adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, la Contraloría encontró un detrimento que supera los $14.000 millones. Por estas anomalías, la Contraloría ordenó el embargo de cinco cuentas a nombre de Ospina en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles.

Por otro lado, la Procuraduría abrió investigación contra Ospina por supuestamente haber firmado contratos por más de $60.000 millones con Christian Moreno Herrera, quien es pariente del Alcalde, situación que conllevaría a una vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones.

La Fiscalía General de la Nación también investiga a Ospina, por un convenio entre las empresas Municipales de Cali, Emcali, y la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT. Dicho contrato tuvo un valor de $18 000 millones. La irregularidad parece radicar en que en una de sus cláusulas se establecía que el contratista no podía subcontratar la ejecución de las obligaciones contractuales, sin embargo la ERT subcontrató a cinco empresas para cumplir con el objeto del contrato, lo que demuestra que no tenía la capacidad, el personal, ni la idoneidad para ejecutarlo.

Aunque en ninguno de los casos mencionados existe fallo definitivo, es indudable que la gobernabilidad y la credibilidad del alcalde Ospina han quedado seriamente afectadas. También es claro que si la Contraloría ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Alcalde es porque halló indicios claros que las irregularidades que investiga se cometieron.

La gran afectada con esta situación es la ciudad que ha quedado a la deriva, pues al frente de sus destinos está un mandatario que no genera ninguna credibilidad ni confianza. Por eso urge que los entes de control actúen con celeridad y que sus investigaciones concluyan cuanto antes.
Mientras se producen esos fallos lo conveniente es que el Alcalde sea apartado del cargo, no solo para garantizar la transparencia en las investigaciones, sino para que asuma las riendas de la ciudad alguien que no genere la desconfianza que suscita Jorge Iván Ospina.

De esta forma, tal vez Cali pueda salir de la incertidumbre y del desconcierto en los que está sumida debido a la situación que atraviesa la persona que tiene la responsabilidad de gobernarla.