Un récord vergonzoso

De camino a la cumbre mundial sobre diversidad biológica COP 16, que se realizará en Cali en octubre próximo, Colombia ya enfrenta un deshonroso récord: ser el lugar del planeta donde más se asesina a los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Así lo acaba de certificar un nuevo informe de la oenegé británica Global Witness, que desde hace más de una década documenta la realidad de los activistas y las comunidades comprometidas con la protección de los recursos naturales. El año pasado, según esa investigación, en el mundo fueron documentados 196 casos de crímenes contra líderes ambientalistas.

Es un fenómeno que, según los investigadores del informe, se presenta en todas las regiones y en casi todas las actividades productivas. Pero lo más vergonzoso es que “Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, lo que supone el 40 % de todos los casos registrados”. Con 26 casos, el departamento del Cauca fue la región que concentró el mayor número de asesinatos, seguido por Nariño, que tuvo 9 crímenes, y el Putumayo, donde se presentaron 7.

Global Witness dice que “se sospecha que los grupos del crimen organizado son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia en 2023″. Y, siguiendo el mismo patrón étnico que caracteriza a este fenómeno en el mundo, en nuestro país 31 crímenes fueron de indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes.

A los investigadores los han sorprendido dos hallazgos: nunca antes, a lo largo de todas las mediciones, ningún país había registrado una cifra anual de crímenes tan alta como la de Colombia. Y, por otra parte, este es el país con el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023. En ese lapso, aquí han sido asesinados 461 activistas. Lo cual evidencia que se trata de un problema estructural, que va de mal en peor y que el país no ha hecho lo suficiente para corregirlo.

Ayer, en una tímida reacción frente al informe, el Gobierno reconoció públicamente que esta es “una grave situación” derivada de conflictos asociados al narcotráfico, la minería ilegal y la nueva dinámica del conflicto armado. Y detalló un plan puesto en marcha por los ministerios del Interior, Defensa y Ambiente para enfrentarlo.

Pero la realidad es que, como lo documenta el mismo informe, las promesas del gobierno del presidente Gustavo Petro “aún no han dado lugar a una disminución de las represalias contra algunas de las comunidades y activistas más vulnerables del país”. “Por el contrario, la violencia contra líderes sociales y quienes trabajan en pro de los derechos humanos parece ir en aumento”.

En justicia, cabe decir que este dantesco panorama tampoco fue enfrentado por los gobiernos anteriores, por lo cual la responsabilidad recae sobre toda la clase dirigente del país. Pero más allá de eso, la gran pregunta es si por fin se hará lo necesario para detener estos crímenes. Vale la pena responderlo, de cara a la COP 16.