Análisis: así ve Álvaro Uribe los primeros cien días del gobierno de Iván Duque

La medición de cien días de Gobierno puede ser subjetiva, explicativa o indicativa para calibrar el timón. El presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez representan el valor de la transparencia reclamado por los electores.

La indicación es clara: Colombia tiene un Gobierno que es prenda de garantía anticorrupción. El diálogo del Gobierno con la comunidad es admirable. Por ejemplo, la preparación, desarrollo y seguimiento de los Talleres Construyendo País.

Confieso que me conmoví cuando el Presidente atendió su compromiso en Chocó el día del fallecimiento de su abuela, Stella Tono de Márquez.

Las directivas presidenciales sobre austeridad serán continuadas por una reforma de la Administración Pública, que debe ahorrar $6 billones al fisco. El ahorro inicial de 2019 es de $1,2 billones. La ciudadanía reclama reformas con la mayor rapidez. No se necesita ley para negar renovación de contratos, suprimir nóminas, nombrar gerente encargado de otra entidad mientras una se elimina o se fusiona, etc.

Debe advertirse que muchas decisiones de austeridad no producen beneficios en los primeros meses. Un problema es que muchos consultores justifican expansiones burocráticas, y son peligrosamente convincentes. Es urgente corregir el derroche burocrático que introdujo la Administración precedente. Según Luis Guillermo Vélez, entre 2011 y 2018, el Gobierno, en gasto de personal, pasó del 2, 6 % del PIB a 3,3 %, equivalente a $6,4 billones.

Las dificultades de inseguridad eran predecibles por el mal ejemplo de impunidad y la falta de políticas de seguridad. Las Fuerzas Armadas habían sido paralizadas, amenazado con cárcel su uso legítimo de la fuerza y desconectadas de la ciudadanía. Además, estaban adoctrinadas en la permisividad con el terrorismo. La ciudadanía está golpeada por el vandalismo que la autoridad debe erradicar de la protesta social.

Muchos alcaldes y gobernadores fueron frustrados por la falta de compromiso de la Administración anterior, sienten que los dejaron solos en materia de seguridad. El Gobierno ha mostrado resultados importantes del programa ‘Él que la hace, la paga’. Se han puesto en marcha Fuerzas de Despliegue Rápido y el Plan Diamante. El Gobierno ha sido claro en sus exigencias al ELN, que debería facilitar el diálogo con el cese de la acción violenta.

En buena hora se expidió el decreto del decomiso, que debe tener seguimiento y con entusiasmo que no decaiga. Fue un acierto apelar a la Constitución y al Código de Policía, sin haber necesitado nueva ley.

La cifra de decomisos alcanza 4827 kilos de droga y 1465 distribuidores han salido de las calles, lo que muestra que mientras el Presidente más se involucre en la política de seguridad, mejores son los resultados. La extradición de reincidentes de Farc seguramente requerirá modificar los Acuerdos de La Habana. El Artículo 19 del Acto Legislativo 001 de 2017 apenas la consagra como una posibilidad, que parece remota por los requisitos y las interpretaciones de la JEP. Siguen pendientes otros cambios.

Solo el presidente del Senado, Ernesto Macías, ha publicado cifras de la nefasta herencia económica que recibió Duque. En 2010, saliendo de la crisis internacional, el endeudamiento del sector público era del 43 % del PIB, este año es del 55,9 %. En el Gobierno central la deuda subió del 36% del PIB al 45%.

Las vigencias presupuestales futuras en el mismo período pasaron de $22 billones a más de $90 billones. El déficit de la salud oscila en $11 billones. Y otros problemas, como el rescate de Electricaribe, que se estima en $10 billones; la deuda de $5 billones de los sistemas de transporte masivo con el sector financiero, solo hay diez concesiones con cierre financiero, amén de las dificultades con Odebrecht.

El Gobierno anterior derrochó la bonanza petrolera, tuvo años que gastó un 3,5 % del PIB teniendo como fuente a Ecopetrol. Colombia no perdió el Grado de Inversión de las calificadoras internacionales por confianza en el nuevo Gobierno. Esa confianza permitió colocar bonos por 1500 millones de dólares. La economía colombiana, afectada por temores de inversión y exceso de impuestos, se ha sustentado en buena parte por la minería ilegal y el narcotráfico. Todavía se observa un diferencial del dólar del 13 % entre la tasa representativa del mercado y el menor valor del efectivo en las casas de cambio.

Sin tener en cuenta la desfinanciación de $129 billones comprometidos con Farc, el presupuesto de 2019 traía un faltante de recursos de $25 billones. Solo en el sector social, sin educación, ese faltante era de $12 billones. Con el canje de TES y la colocación de los bonos referidos, el faltante se redujo a $14 billones y, en el sector social, sin educación, se disminuyó a $6 billones. Sin el ajuste del presupuesto, el aporte de vivienda solo alcanzaría para pagar deudas por las casas gratis, muchas de las cuales están urgidas de mejoras, y no había manera de empezar a entregar subsidios de mejoramiento o de poner en marcha el programa de Semillero de Propietarios; el ajuste permitió $500.000 millones para vías terciarias, que los entregará el Gobierno con la transparencia y la equidad que le son características; ese ajuste permitirá atender 500.000 raciones escolares adicionales del Programa de Alimentación Escolar; sin el cual aumentaría en $3,8 billones el déficit de la salud, que queda equilibrada para 2019; el programa Familias en Acción y otros estaban des financiados en $1,8 billones; al ICBF le faltaban $1,5 billones; a Coldeportes, $360.000 millones; y así sucesivamente.

El presidente Duque tiene el mayor compromiso con la educación; además de la adición presupuestal de $4 billones aumentará el aporte a las universidades públicas. La gratuidad universitaria para los jóvenes de menores ingresos, que empezará con 80 mil becas, acompañadas de los apoyos para resultados de excelencia, sin perjuicio de garantizar los recursos para que los beneficiarios de 'Ser Pilo Paga' puedan concluir sus estudios. Debe destacarse el manejo, que en el Sena empieza para eliminar el clientelismo y la corrupción, y garantizar que avance en la meta de graduar como técnicos a bachilleres para que puedan ser tecnólogos y llegar al grado superior.

Confiamos que el Gobierno hallará alternativas tributarias de equidad para evitar el IVA a los productos básicos de la canasta familiar. En cuanto a pensiones, se deberían gravar solo las altas, correspondientes a expresidentes, excongresistas, exmagistrados.

7. Política internacional: El Gobierno ha ganado reconocimiento por su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico y en la denuncia de la crisis humanitaria y democrática causada por la dictadura de Maduro que, de continuar, podrían llegar a Colombia dos millones de venezolanos, con la imposibilidad de garantizarles la debida atención humanitaria. Oportuna la decisión de retirar a Colombia de Unasur.

El multilateralismo no puede estar al servicio de dictaduras ni ser excluyente de democracias respetables. Reiteramos la necesidad de que Colombia tenga menos impuestos para promover la generación de empleo de calidad y mejor remuneración para los trabajadores.

Por eso queremos avanzar en el proyecto de la prima adicional que beneficiaría a seis millones de trabajadores y que contribuiría a mejorar los ingresos sociales, a disminuir la brecha distributiva, a superar informalidad, en fin, a lograr estabilidad social, que es la base de estabilidad democrática y de la paz. Nos anima un solo propósito político: el éxito del Gobierno del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

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